No son mis ratas

Respuestas. Hace seis años, cuando recién iniciaban en nuestro país las investigaciones por el caso Lava Jato, el expresidente Alan García, entonces cuestionado por la prensa sobre dos altos funcionarios apristas acusados de recibir sobornos de Odebrecht por la Línea 1 del Metro de Lima, intentó salir del paso con una recordada frase que pareció intentar proyectar una mezcla de lamento y frustración: “Si hubieran mostrado su cola, yo no los hubiera puesto; no son mis ratas”.

Por más indignado que haya intentado sonar García aquel día, no obstante, pocos le creyeron. El problema con este tipo de respuestas ante cuestionamientos a un partido político porque uno de sus dirigentes se ve involucrado en hechos graves es que, aún si uno las aceptase, estas hacen poco por excusar al partido y a sus líderes de la responsabilidad política de haber llevado a esa persona a un cargo de poder.

Asumir esa responsabilidad ante la ciudadanía implica explicarse y disculparse. No basta con simplemente pretender desmarcarse del funcionario acusado, algo que más recientemente solía hacer también Pedro Castillo.

Pues bien, la semana pasada, tras conocerse el allanamiento e incautación de varios bienes muebles e inmuebles de Joaquín Ramírez, el fujimorismo parece haberse limitado –al menos hasta el momento– a dar una respuesta que hace recordar a aquella que diera García, aunque sin llegar a la injuria. Como se sabe, Ramírez ha sido congresista por Fuerza Popular (2011-2016), secretario general nacional y exaportante del mismo partido (2015-2016) y hoy es alcalde de Cajamarca por su propio movimiento regional.

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Desde hace varios años, además, viene siendo investigado por lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración, en un caso que involucra a la Universidad Alas Peruanas. Según la tesis fiscal, su organización criminal tendría un brazo político del que habrían sido parte Keiko Fujimori y su exasesor Pier Figari, el cual habría tenido el propósito de favorecer a la mencionada universidad desde el Congreso.

Frente a estas acusaciones tan graves, Fuerza Popular se ha limitado a responder por redes poco más que Ramírez “no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años” y que “no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal”, respecto de su partido o sus dirigentes. Ambas afirmaciones que nadie había sugerido.

Los partidos políticos deben entender que este tipo de respuestas no son serias. Frente a casos tan graves, la ciudadanía no espera que solo se muestren indignados o, peor aún, que busquen negar vínculos evidentes con sus exdirigentes. El país merece respuestas más claras.

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