Todas las personas íntegras se parecen unas a otras, ¿pero la corrupta lo es a su manera?

Este escándalo ha sido calificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como la estructura de sobornos más importantes en la historia contemporánea. Se implementó en 14 países de América Latina y África. Sin contar el número de países donde se realizaban transacciones financieras de gran volumen como Suiza.

Y aunque se ha vuelto moneda corriente ver políticos peruanos envueltos en investigaciones judiciales, o incluso tras las rejas, recordemos que se trata de una tendencia reciente.

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Hasta antes de la operación Lava Jato, la impunidad solía ser la regla. Dentro de la lista de expresidentes involucrados se encuentra Alejandro Toledo quien está a punto de ser extraditado desde Estados Unidos.

Su colaborador más cercano, el empresario peruano israelí Josef Maiman, se convirtió en colaborador eficaz de la justicia peruana. Antes de su muerte, confirmó la entrega de 34 millones de dólares a cambio de la adjudicación de tramos de la carretera Interoceánica Sur a consorcios integrados por Odebrecht (tramos 2 y 3) y Camargo Correa (tramo 4) en 2005.

A su vez, dicha información fue ratificada por Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, y corroborada por documentación incautada en oficinas de Camargo Correa en 2009.

Sumado a esto, a tan solo tres semanas de haber suscrito dicho contrato, se crea la ya conocida empresa Ecoteva con la que se realizan compra de inmuebles millonarios. Apenas se destapa el pago de coimas y financiamiento irregular de campañas electorales en el Perú, Toledo huye del país.

Por su parte, César Hinostroza, el exmagistrado investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, intentaba frenar la extradición desde España usando argumentos similares a los de Toledo: la falta de garantías para enfrentar un proceso justo en el Perú. Incluso alegatos de amenazas de muerte o la presencia de grupos de poder dentro del Poder Judicial.

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Seamos claros: el estado de la justicia peruana dista de ser óptima. Existe un juez por cada diez mil peruanos. Se estimaba que en 2021 el Poder Judicial tendría cuatro millones de expedientes sin resolver, sumado a los 200 mil casos nuevos sin resolver anualmente (El Comercio, 2020).

Tanto como el Ministerio Público y el Poder Judicial obtienen un porcentaje mínimo de lo solicitado al Ministerio de Economía. Por si fuese poco, los procesos de extradición de Toledo e Hinostroza nos cuestan más de cinco millones de soles (Centro Liber, 2022).

Para la justicia estadounidense y española, ambos ciudadanos deben ser extraditados de vuelta al país. La única diferencia entre ellos es el alcance de sus redes. Mientras Hinostroza estudió y trabajó enteramente en el Perú, Toledo desarrolló su carrera profesional y académica en los Estados Unidos.

El exmagistrado pertenecía a una de las mafias más nocivamente efectivas de la administración de justicia. El expresidente cultivaba redes de académicos y funcionarios influyentes a nivel global. Podrán diferir sus orígenes, su formación, hasta el alcance de sus acusaciones, o el nivel del apoyo de la opinión pública.

Pero parafraseando a Tolstoi, ¿acaso cada corrupto lo es a su manera? Una mala lectura, en el mejor de los casos, o una lectura antojadiza de las implicancias del caso Lava Jato para el sistema político peruano afecta negativamente el rol que tienen los expertos en el debate público. Se urgen de mayor participación y activismo de los académicos. Que la evidencia se traduzca en políticas. Que las reformas sean acompañadas de opinión técnica.

Decir que el sistema de justicia en nuestro país es ideal sería mentir, pero alegar que Alejandro Toledo y César Hinostroza son víctimas de persecución política también. Las responsabilidades penales de ambos deberán ser determinadas a través de un proceso tal como el resto de connacionales enfrentando la justicia, que tarda tanto que ya ni lo parece por asomo.

Sin embargo, uno de los elementos claves de la cultura de integridad es evitar los particularismos. Establecerse clandestinamente en otro país para evitar una medida preventiva por riesgo de fuga solo hace más que reforzar por qué fue solicitada en un principio.

Como decía Foucault, ‘la prisión’ comienza antes de sus puertas. Esta comienza apenas dejas tu hogar, incluso mucho antes.

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