El domingo, durante una entrevista con el programa “Cuarto Poder”, el exministro Rudecindo Vega denunció que su reciente salida de la gerencia general del Comité Nacional de Administración del Fondo de Vivienda para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil (Conafovicer) se habría debido a presiones políticas de la actual ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar. Ello, según el propio Vega, en razón de las declaraciones críticas contra el Gobierno realizadas por este último en distintos medios. Y pese a que el Conafovicer es una entidad privada que, si bien tiene una participación minoritaria del Gobierno, no debería ser direccionada por este último.
En efecto, en marzo, Vega había opinado públicamente que el ‘Caso Rolex’ había demostrado que “la corrupción” envolvía a la presidenta Dina Boluarte, “a su gestión y a su entorno”. Además, había remarcado también que el actual Ejecutivo se caracterizaba por su “incapacidad, manos manchadas de sangre por las muertes en las movilizaciones y por la corrupción”.
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Tras ello, fue de público conocimiento que dichas declaraciones no fueron del agrado de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar. Tanto así fue que, el 10 de abril, Pérez de Cuéllar envió un oficio al presidente del Directorio del Conafovicer, en la que señaló que “los convenios suscritos entre ellas (las entidades que conforman Conafovicer) no pueden verse afectados ni comprometidos por la actuación personal del gerente de Conafovicer”. Según el exministro, y esto tendrá que investigarse, tras no ver una reacción inicial, Pérez de Cuéllar incluso habría presionado directamente a los miembros del directorio para lograr la remoción de Vega.
Pérez de Cuéllar, por su puesto, ha negado las acusaciones. Sin embargo, el tono de su carta y de sus declaraciones no otorgan por sí mismos la confianza que quizá ella esperaría.
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Por otro lado, Vega ha hecho saber adicionalmente que esta controversia también se explicaría por sus diferencias con Nicanor Boluarte, el hermano de la mandataria, ya que en el 2018 Vega denunció irregularidades sobre el paso del segundo por la gerencia general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). Así, según Vega, la decisión de removerlo de una entidad que, al ser privada, debería ser del todo autónoma del Gobierno, en realidad fue tomada por la presidenta y su hermano, no por la ministra de Vivienda.
Sea como fuese, es evidente que dimes y diretes como estos –que involucran a la propia mandataria y a una de sus ministras más cercanas– empeoran aún más nuestra imagen hacia afuera. La sensación de que el Gobierno peruano es inestable e impredecible no solo se mantiene, sino que aumenta cada vez con casos como este. Lamentablemente, en este Ejecutivo nadie parece darse cuenta.
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