Nuevos aires

Si bien en sus primeras versiones el empleador siempre tenía que asumir parte del costo que le generaba al trabajador no estar en la oficina —lo que en la práctica podía generar un desincentivo para esta figura laboral—, al final se optó por dar margen a que trabajadores y empleadores puedan encontrar la mejor manera de llevar adelante el teletrabajo. Esto permitirá que pacten quién asume qué costos y abre la posibilidad de que sea el trabajador el que solicite esta modalidad de trabajo.

Este reglamento no solo es un punto a favor para el mantenimiento de una figura laboral que ha demostrado ser eficaz en la búsqueda del equilibrio entre vida laboral y vida personal, sino que podría leerse como una señal positiva respecto al cambio de criterio que se estaría gestando al interior del Ministerio de Trabajo.

Sucede que desde el 28 de julio de 2021, el tema laboral ha causado mucha tensión debido, sobre todo, a que los diversos titulares de la cartera de Trabajo mantuvieron una agenda más cercana a la lucha sindical que a la defensa de los trabajadores y la apuesta por la generación de empleo formal. Esta tendencia empezó a cambiar con la llegada del exministro Eduardo García, quien no solo apostaba por el diálogo tripartito, sino también por darle prioridad al empleo formal.

Su pronta salida le dio paso al actual ministro Alfonso Adrianzén, quien ha insistido en que el diálogo nacional es un imperativo y una necesidad. Estas declaraciones, unidas a las reuniones que ha sostenido con algunos congresistas considerados de derecha o a la decisión de cambiar al director general de Trabajo, lo muestran como un ministro alejado de la tan cuestionada “Agenda 19″ y más cercano a apostar por la búsqueda de relaciones sanas entre trabajadores y empleadores, lo que explicaría el cambio de criterio en el reglamento de teletrabajo.

Sin embargo, este nuevo aire en la cartera de Trabajo debe venir acompañado de una reingeniería al interior del ministerio, pues si bien Adriánzen es el responsable político, lo cierto es que muchas de las decisiones están en manos de funcionarios que ingresaron a partir del 2021.

El sector laboral requiere que se promueva la legislación especial que tienen las mypes para que puedan fortalecerse y crecer, darles opciones a las empresas informales para que vayan incorporándose a la formalidad y apoyar la llegada de nuevas inversiones. Todo ello con la finalidad de que se generen nuevos puestos de trabajo formales, que es lo que realmente necesitan los peruanos.

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