Si el Gobierno busca que el déficit fiscal se reduzca y cierre el 2024 en 2.8% del PBI (en junio, el acumulado de los últimos doce meses era 3.9% del PBI), tendrá que hacer recortes en el presupuesto que vayan más allá del gasto corriente. Es que el componente “rígido” –que no puede ser reducido, sobre todo remuneraciones y pensiones–, sigue aumentando debido a los despropósitos del Congreso, al que se sumaría lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio. En consecuencia, como ya lo hemos advertido en esta columna, se tendrá que echar mano de los recursos presupuestados para inversión pública.
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La inversión pública no consiste únicamente en construir obras que mejoren la competitividad del país (carreteras, aeropuertos, puertos, etc.), sino que tiene otro papel fundamental: reducir brechas socioeconómicas, sobre todo en el interior del país, vía la construcción o reparación de carreteras provinciales o distritales, colegios, hospitales y un largo etcétera. El esquema obras por impuestos (OxI) cubre en parte esa necesidad, además que encarga las obras a empresas privadas, más duchas en gastar con mayor eficiencia y celeridad que las autoridades gubernamentales. El monto que destinan a esos proyectos se “canjea” por una parte del Impuesto a la Renta que les corresponde pagar, las entidades públicas también aportan una porción de los proyectos.
Por eso, es lamentable que el MEF haya decidido tijeretear el esquema OxI, reduciendo en 30% el tope del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que las empresas usan para acceder a descuentos tributarios. Con un menor tope, el costo de los proyectos que podrían ejecutarse mediante OxI se reduciría, lo cual le restaría atractivo. Esto pese a que en lo que va del 2024, las obras adjudicadas bajo el esquema (por S/ 1,975 millones) ya superó los máximos anuales registrados desde que se inició, hace 16 años.
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El MEF hizo el cambio amparándose en la nula capacidad del Congreso por debatir, con seriedad y argumentos técnicos, proyectos de ley, sobre todo los que tienen que ver con el presupuesto. El MEF incluyó esta perjudicial medida en su solicitud de un crédito presupuestario por S/ 3,000 millones –irónicamente, un pedido para incrementar el presupuesto– que el pleno aprobó en julio. El Ejecutivo publicó la respectiva norma (Ley 32103) el 25 de dicho mes. No importó que los gobiernos regionales y locales hayan solicitado a la propia mandataria que observe la norma. Ni siquiera se consultó a ProInversión, la agencia estatal que promueve el esquema.
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