El 5 de diciembre, fiel a su costumbre de aprobar proyectos de ley cuestionables sin debate y con modificatorias agregadas a escondidas, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la creación de una autoridad autónoma para la administración de Machu Picchu. Sus funciones, según el texto aprobado, abarcarán la “gestión integral” del Parque Arqueológico de Machu Picchu y el Valle Sagrado. De este modo, se encargaría de manejar la ciudadela inca y más de 60 monumentos arqueológicos, articulados por tramos del Camino Inca. Hay que sumar otros sitios en el Valle Sagrado como Ollantaytambo, Pisac y Chinchero, donde se construye –desde hace años– el nuevo aeropuerto internacional del Cusco.
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La entidad estaría presidida por el gobernador regional del Cusco, aunque adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul), en una especie de híbrido que, considerando la proclividad de los gobernadores a exigir independencia –al mismo tiempo que reclaman más dinero del tesoro público, que luego no gastan–, sumada a la desidia del Gobierno nacional, podría resultar es un experimento más ineficaz que el actual. Cusco cuenta con una agencia que otros departamentos no tienen: la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), adscrita al Mincul, cuya mediocre labor durante el régimen Castillo-Boluarte fue la principal causa de los problemas que hoy aquejan a Machu Picchu.
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El dictamen del proyecto de ley, que deberá ser sometido a segunda y definitiva votación (por la Comisión Permanente), requiere ajustes significativos, aunque lo más recomendable sería archivarlo. Fue aprobado sin ningún debate previo, sin la realización de consultas a especialistas, gremios empresariales y profesionales. De hecho, la creación de la autoridad autónoma fue agregada a último minuto a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en mayo, referido a la delimitación de la provincia cusqueña de Canas, al sur del departamento, que no forma parte del Valle Sagrado (es zona minera). Otra muestra de la improvisación parlamentaria.
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Los principales gremios empresariales, incluidas cámaras de comercio y turismo de todo el país, así como colegios profesionales, se han opuesto, exponiendo argumentos técnicos –esos que los congresistas optan por no escuchar–. La Unesco mantiene en observación a Machu Picchu, y le ha dado al Perú hasta febrero del 2026 para que se subsanen sus numerosas observaciones, como el exceso de aforo en la ciudadela. Eso no se revuelve creando entidades sino con mayor profesionalismo. En tanto, el Mincul y el Mincetur no parecen haberse enterado.
