LEY SERVIR. Menos de dos meses después de haber atentado contra la meritocracia en el sector público al aprobar la ley que permite la recontratación de profesores interinos retirados de la carrera pública por no pasar evaluaciones, el Congreso podría estar a punto de dar un nuevo golpe contra las contrataciones formales en el Estado. Esta vez, con un impacto que iría más allá de un solo sector.
Como reportó Gestión, la semana pasada la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que propone derogar la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) y, por ende, eliminar la autoridad a cargo de este régimen laboral estatal: Servir. En su reemplazo, no se propone nada concreto, salvo crear una comisión “tripartita” entre representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso y “organizaciones de trabajadores estatales”, que luego de 120 días de trabajo presentaría un proyecto de ley, el cual pasaría entonces a ser debatido en el Parlamento.
En otras palabras, lejos de construir sobre lo avanzado y hacer los cambios para mejorar, lo que se plantea es básicamente destruir primero y planear después. Sin que nada garantice, además, que dichos planes vayan a derivar en algún resultado concreto.
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Si bien es cierto que, tras la publicación de la Ley del Servicio Civil en el 2013, no se ha logrado cumplir todavía con implementar este nuevo régimen en todo el sector público y hacerlo lo suficientemente atractivo para todos los casos, ello se debe en gran parte a que las propias entidades públicas –en especial el Congreso– se han resistido directamente a la reforma. Por ejemplo, manteniendo la práctica ilegal de contratar personal por órdenes de servicio, en lugar de hacerlo bajo el nuevo régimen, o a través de la aprobación de leyes como las que en su momento excluyeron de plano al propio Parlamento y al Poder Judicial de la ley.
Los niveles de informalidad laboral en el sector público son más que preocupantes. Las contrataciones son discrecionales y poco transparentes. Es sabido que todos los años, varias entidades públicas gastan dinero del tesoro público en indemnizaciones por juicios laborales perdidos contra trabajadores a quienes contrataron por años como independientes, cuando en realidad eran dependientes. En este panorama, no debería sorprender pues que si lo que se esperaba es que exista un tránsito voluntario hacia el nuevo régimen, la reforma tomará décadas en implementarse, como advirtió el viernes el presidente ejecutivo de Servir en una entrevista con Gestión.
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En lugar de destruir primero y pensar qué hacer después, ¿no sería mejor evaluar qué podría no estar funcionando para acelerar así el tránsito al régimen Servir y mejorar sus condiciones? Parecería algo elemental. Pero ojalá así lo vea también la mayoría congresal.
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