
La economía peruana no se vio afectada por la destitución de Dina Boluarte, pues el PBI de octubre creció 3.62%, respecto del mismo mes del 2024, tasa relativamente alta teniendo en cuenta que en dicho periodo el PBI registró una expansión de 4.19%. Cabría preguntarse qué parte de ese resultado fue producto de la política económica aplicada por el régimen de Boluarte, qué parte fue consecuencia de las implementadas por gobiernos previos (de hace lustros) y qué parte fue obra de la Madre Naturaleza.
Empecemos por lo último. El informe del INEI muestra que octubre fue atípico para la pesca. Su notable crecimiento (25.7%) no se debió a la anchoveta, cuya extracción disminuyo, sino al aumento de desembarques de especies para consumo humano directo (38.42%). Destacaron pota, langostino, atún, bonito, perico y pejerrey, para su procesamiento como congelado. También hubo más disponibilidad para consumo en estado fresco. Cuando la pesca de anchoveta está boyante, se eleva la producción de harina y aceite de pescado, rubros que forman parte del subsector de manufactura primaria. En este grupo industrial también figura el rubro de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, que en octubre se multiplicó nada menos que 4.7 veces.
Así que el sector manufactura creció, impulsado precisamente por las ramas primarias que procesan especies marítimas para consumo humano directo. No ocurrió lo mismo con el subsector no primario (cayó 2.64%), que generalmente engloba la fabricación de bienes con mayor valor agregado. La minería metálica, por su parte, se expandió por quinto mes consecutivo, y también contribuyó con la manufactura primaria, a través de los rubros de fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros no ferrosos, y la refinación de oro, plata y zinc. La relevancia de la producción de metales se debe a medidas promotoras de inversión minera aplicadas desde principios de los años 90, pero que en la última década han perdido vigor. Lo que hoy tenemos, es el perjudicial e impune incremento de la minería ilegal.
Y si se trata del efecto de medidas económicas, hay que fijarse en la reducción de la inversión pública (4.82% en octubre), reflejada en el componente estatal del sector construcción; que fue apuntalado por la inversión privada. Es que para cumplir la meta de déficit fiscal, cuando los gastos rígidos (imposibles de recortar) no paran de subir, sobre todo por acción del Congreso, la única solución es “transferir” presupuesto para obras a remuneraciones para el sector público.







