Cuando se dice que es necesario construir ‘institucionalidad’, esto no significa otra cosa que ponernos de acuerdo en seguir, sin excepciones, un sistema de reglas de juego formales. Respetar y crear institucionalidad democrática, entonces, significa esforzarnos por seguir e interpretar razonablemente las reglas democráticas básicas que establece nuestra Constitución. Y que se desarrollan con más detalle en leyes, reglamentos y sentencias.
¿Qué deberíamos hacer cuando tengamos dudas sobre qué reglas convendría adoptar o sobre cómo interpretar reglas ya vigentes pero poco claras? Pues el sistema debería dar lugar a una discusión razonable entre distintos actores que derive, finalmente, en una decisión final del Congreso o de un juez, que todos deberemos respetar. Aun si no estamos de acuerdo. Esta es la única forma de construir confianza en el largo plazo, tanto como para invertir como para poder planificar nuestras vidas en general.
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Lamentablemente, lo que todavía reina en nuestro país es el concepto opuesto a la institucionalidad: el personalismo. La idea de que, en mi caso, puedo quebrar un poco esas reglas si el contexto me justifica. Si me paso una luz roja, o si pago una coima, muchas veces justificamos nuestro caso individual por la situación particular en la que estamos, aunque no solemos ser igual de permisivos cuando vemos a otros romper otras reglas cotidianas.
Con esa misma lógica, nuestros políticos y funcionarios muchas veces justificar no seguir las reglas de juego. Lo que se suelen terminar imponiendo, más bien, son instituciones informales. Reglas no escritas, pero que se respetan más, como la periódica contratación de personal con criterios políticos o intereses privados y no cuidando el interés público; la postergación de normas y/o proyectos importantes para el interés público en beneficio de intereses privados (a veces incluso criminales); o la tolerancia ante varias otras prácticas corruptas (como el ‘mochar sueldos’).
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Que las reglas democráticas que establece una Constitución lleguen a cuajar en una sociedad requiere de mucho tiempo y esfuerzo colectivo. Normalmente, tarda más de una generación, pues toma mucho tiempo discutir, aprobar, actualizar y que se comprendan con suficiencia todas las leyes necesarias para desarrollar las reglas constitucionales, luego aprobar los reglamentos que desarrollen esas leyes y, finalmente, que tribunales emitan las sentencias que resuelvan las controversias que surjan sobre las reglas que hayan causado dudas.
De hecho, en el Perú no hemos terminado aún con este proceso desde la aprobación de la Constitución de 1993. Pero sería una tragedia que esta crisis nos empuje a perder lo que ya hemos avanzado.
Una sociedad sin instituciones democráticas sólidas es mucho más frágil a caer presa de instituciones informales alternativas, como el crimen organizado y la corrupción. Y en donde es más difícil que exista estabilidad económica y democrática.
La tarea es de todos.
