Quien se tome la molestia de revisar con cuidado cómo han ido evolucionando y modificándose nuestras principales leyes electorales, como la Ley Orgánica de Elecciones o la Ley de Organizaciones Políticas, notará rápidamente una tendencia muy clara: la mayoría de reformas normalmente se han aprobado poco antes de alguna elección.
Además, lamentablemente, hasta hoy no ha ocurrido nunca que los cambios aprobados hayan sido el producto de una discusión seria e integral. Más bien, lo que suele aprobarse son iniciativas aisladas de diferentes legisladores y que, incluso, muy seguido terminan generando efectos no deseados o hasta contradictorios.
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Pues bien, como no es sorpresa, el actual Congreso no viene siendo la excepción a esta mala práctica. Un ejemplo claro ha sido su decisión de aprobar, en primera votación, la eliminación de los movimientos regionales. Actualmente la única forma de postular a cargos de elección popular es a través de partidos nacionales o de movimientos regionales. Pero, con el supuesto objetivo de fortalecer a los partidos, el Congreso ahora busca eliminar esta segunda posibilidad.
El problema, sin embargo, es que se está tomando una salida facilista y potencialmente peligrosa para lograr ese propósito. Hoy es claro que muy poca gente se siente representada por los partidos nacionales. Si simplemente se eliminan los movimientos, el riesgo es que incluso más gente pierda confianza en el sistema, empujando más su voto hacia opciones extremistas. Si queremos que los partidos sean más fuertes que los movimientos regionales, eso deberían lograrlo por mérito propio. De lo contrario, ¿qué incentivos tendrían para mejorar si solo se elimina su competencia?
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Distinto es el caso de otro cambio aprobado –también en primera votación– pero que, a diferencia del primero, no es una idea que acaba de surgir de este Parlamento, sino que es algo que varios especialistas vienen planteando desde hace años: volver a permitir la reelección de alcaldes y de gobernadores regionales por un periodo adicional. La reelección es una regla que le otorga a la gente la posibilidad de premiar o castigar a los políticos según cómo evaluaron su gestión. Por eso existe prácticamente en todo el mundo para el caso de las alcaldías.
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Ya deberíamos tener claro que no conseguiremos mejoras relevantes del sistema político si continuamos aprobando reformas aisladas. El Congreso debería dejar de lanzar nuevas propuestas como conejos de un sombrero y tomarse el tiempo necesario para evaluar una reforma integral seria, escuchando a especialistas. Exigir esto no debería ser polémico.
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