Desde el año pasado, cuando aseguró un sitio en la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, perulibrista y hermano del prófugo Vladimir Cerrón, se ha consolidado como uno de los congresistas con mayor influencia en el Legislativo durante la administración de Dina Boluarte.
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Desde esa posición de poder, no ha dejado de presentar directamente o de impulsar iniciativas legislativas perjudiciales para el país. Entre ellas, sus propuestas irreflexivas e irresponsables para crear nuevas universidades, debilitar la colaboración eficaz y varias propuestas para restarle facultades y poder a la Fiscalía.
La más reciente norma en este último grupo es una propuesta presentada para crear una nueva comisión parlamentaria dedicada a ‘fiscalizar’ a jueces y fiscales. Función que, cabe destacar, nuestra Constitución actualmente asigna al propio sistema de justicia a través de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (en lo que compete al propio Poder Judicial) y a la Junta Nacional de Justicia (como organismo autónomo externo que evalúa y ratifica a jueces y fiscales).
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Y es que si bien la Constitución también indica que el Congreso tiene entre sus facultades la de fiscalizar a otras autoridades, lo que en ciertos casos (como en los juicios políticos) incluye la posibilidad de eventualmente sancionar a jueces y fiscales, dicho poder se encuentra limitado por obvias razones. Un Congreso con un poder desmedido, que sea capaz de sancionar a otros organismos constitucionales autónomos cuando estos no actúen conforme a los planes de la mayoría congresal de turno, evidentemente sería un peligro para la separación de poderes.
El poder de fiscalización que tiene el Congreso frente a otras autoridades, sobre todo las del Ejecutivo, se justifica como parte de un sistema de pesos y contrapesos que se ajuste a cada realidad y que ayude a prevenir que cualquiera de estos actores abuse de su poder. Incluyendo al propio Congreso.
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En el Perú, sin embargo, sobre todo en los últimos años se ha hecho evidente cómo el Congreso ha ido buscado empujar al límite el entendimiento de sus competencias. Y con casos como el de los ‘Niños’ y Patricia Benavides, se ha demostrado también cómo varios congresistas suelen estar dispuestos a hacer un uso político de sus facultades de fiscalización. Plantear que estas se sigan aumentando sin solucionar antes estos problemas sería un evidente despropósito.
Salvando las distancias, recordemos que Venezuela no llegó a la situación trágica en la que se encuentra de la noche a la mañana. Los cambios legislativos que impulsó el chavismo poco a poco a lo largo de los años y que debilitaron la separación de poderes (y que Perú Libre hoy plantea alegremente) fueron claves en ese retroceso. Aquí urge poner el freno a iniciativas como estas, antes de que sea muy tarde.
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