La “contrarreforma universitaria” no ha amainado. La Ley de Reforma Universitaria (Ley 30220), promulgada en julio del 2014, incluyó la exigencia de poseer maestría, para ser profesor de pregrado, y doctorado, para posgrado, como parte de las medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. Este requisito tuvo un primer plazo de adecuación de cinco años, pero fue ampliado en dos ocasiones, por el anterior Congreso y el actual. La última prórroga fue hasta el 31 de diciembre de este año, pero ahora el Congreso ha eliminado el requisito para los docentes que no poseían maestría y/o doctorado antes de la entrada en vigencia de la Ley 30220.
Así que para ese contingente –se estima que unos 3,000– será “opcional” contar con dichos grados académicos. Esos docentes han tenido más de diez años para obtener maestría o doctorado, pero habrían preferido ampararse en la laxitud con la rigurosidad académica que ha mostrado un buen grupo de universidades, sobre todo privadas. Votaron a favor del proyecto de ley bancadas con vínculos con dueños de universidades, con o sin licenciamiento.
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El retroceso comenzó oficialmente en julio del 2022, luego de muchísimos intentos fallidos y lobby incesante, con la promulgación de la Ley 31520, titulada “Ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas”, pero en realidad, se trajo abajo avances significativos de la reforma, como la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Desde entonces, esta entidad ha estado plagada de controvertidas decisiones e irregularidades de gestión. La más reciente ocurrió esta semana.
El martes, su consejo directivo eligió superintendente a Vicente Espinoza Santillán, representante del Ministerio de Educación (Minedu), en reemplazo del renunciante Manuel Castillo. Lo curioso es que Espinoza recién fue nombrado consejero el 12 de diciembre, por un periodo de tres años, según dispone una resolución ministerial firmada por el titular del Minedu, Jorge Figueroa. Sin embargo, el periodo del actual consejo directivo vence en febrero, pues son tres años, sin opción a renovación, aunque sean reemplazantes.
Por tanto, el Ejecutivo también está perforando la reforma universitaria. De hecho, el presidente José Jerí fue quien promulgó por insistencia, el 17 de setiembre y cuando estaba al frente del Congreso, la ley que crea 22 universidades públicas (17 de setiembre). Con esto, ya suman 40 las aprobadas por este Congreso, que como bien sabemos, lo que menos le preocupa es generar más gasto público.
