INFORMALIDAD. Como parte del proceso que sigue el Perú para integrarse a la OCDE, la entidad recomendó reducir los costos laborales no salariales en un contexto donde prima la informalidad. En respuesta, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dijo que los costos laborales no salariales no son un problema que impida el acceso al mercado formal. Sin embargo, ambas posturas representan una mirada parcial al problema de la informalidad en el país.
Si pensamos que el pago por vacaciones, CTS, gratificación, utilidades o contribución a Essalud son parte de los costos laborales no salariales, resulta poco realista imaginar la eliminación de alguno de ellos en el corto plazo. Por otro lado, sostener que, dado que estos costos apenas representan el 5.6% para las microempresas no las afecta, es no tener presente que las empresas informales tienen un costo laboral no salarial de cero, por lo que cualquier porcentaje podría serles significativo. Adicionalmente, existe el riesgo de que, una vez formalizados, los trabajadores inicien un proceso para que se les reconozca sus derechos laborales de manera retroactiva (por primacía de la realidad).
Además, el tema laboral no es el único factor que entra en consideración cuando una empresa piensa en ser formal o informal, sería reduccionista afirmar que los costos laborales son los culpables de la informalidad.
Abordar la problemática de la informalidad requiere un trabajo integral que incluye no solo a varios ministerios (Trabajo y el MEF, entre ellos), sino también al Legislativo. En materia tributaria se deberían hacer cambios sustanciales al sistema de impuesto a la renta para que no “castigue” a las empresas que crecen. En materia laboral se tendría que plantear una suerte de amnistía para las empresas que sinceren sus planillas. Y desde el Parlamento se debería empezar por no aprobar normas que incrementen los costos laborales no salariales, como la creación de nuevos feriados, reducción de jornadas laborales, cambios en el horario de refrigerio y varias otras “joyas” a las que ya nos tienen acostumbrados.
Solo después de estos primeros pasos se podrían trabajar leyes de incentivo a la contratación con menores costos laborales no salariales, pero tomando en cuenta las características de determinados sectores o ciudades. Aun con sus imperfecciones, nadie puede negar el desarrollo que se logró en el sector agroexportador –que incluyó un fuerte aumento de empleo formal– mientras estuvo vigente la ley exclusiva para esta actividad. Las buenas iniciativas deben replicarse.
