INSTITUCIONALIDAD. En julio, comentábamos en esta página que “la volatilidad de los cargos públicos y el panorama político en el Perú hace mucho dejó de ser un asunto que pueda seguir siendo interpretado como algo que pueda manejarse de forma independiente a la economía” (ver Gestión 19.07.2023). Ello ante la preocupación que nos había generado el que, días antes, el director de Soberanías de Fitch Ratings nos haya dicho, en una entrevista, que uno de los principales factores que podrían influir en una próxima calificación negativa de la deuda del Perú era “la incertidumbre política”.
Pues bien, la reciente detención de Jaime Villanueva Barreto, principal asesor de la fiscal de la Nación, así como las graves acusaciones que pesan sobre esta última según la tesis de los equipos liderados por la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado y, como si todo eso fuese poco, la respuesta de Benavides de anunciar la destitución de Barreto y una nueva acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, son precisamente el tipo de eventos a los que se refería el representante de Fitch. No podemos seguir pensando que la economía de nuestro país puede seguir avanzando al margen de eventos como estos.
De acuerdo con la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) –que lideran Barreto y Colchado, respectivamente–, Benavides sería la líder de una organización criminal que pactó con congresistas para que, a cambio de archivarles investigaciones penales en su contra, estos voten por la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entre los legisladores que habrían pactado con Benavides, estarían por ejemplo los 32 legisladores comprendidos en el caso Los Niños.
Para sustentar sus acusaciones, Barreto y Colchado –quienes también han liderado las principales acusaciones contra Pedro Castillo– han presentado una serie de chats de Whatsapp en los que se lee a Villanueva llegar a acuerdos con congresistas. Sin duda, las acusaciones son graves y ameritan ser indagadas a fondo en los próximos días, aunque esto tampoco significa, como han pretendido sugerir algunos oportunistas, que la acusación contra el expresidente golpista Pedro Castillo se debilite de algún modo.
Lo que sí se debilita con todo esto, como decíamos al principio, es la imagen de nuestro país. Es por esto que urge que prestemos más atención a la política. Y que entremos al debate de cómo construir mejores instituciones.
