El presidente del BCR, Julio Velarde, se volvió viral en redes sociales la semana pasada. No fue por haber hecho algún anuncio, como una fuerte reducción de la tasa de interés –nunca lo hará dada la prudencia de la política monetaria que él lidera–, sino porque “orientó” a los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso sobre las obligaciones constitucionales que el BCR tiene, y las que no tiene. Desde inicios de la sesión, estuvo claro que la intención de algunos congresistas, sobre todo de izquierda, era hacerle cargamontón al funcionario, pero el tiro les salió por la culata.
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La lección de política económica para principiantes incluyó, entre otras, la aclaración de que el BCR no se entromete en la política fiscal –que es tarea del MEF– ni en políticas sectoriales –a cargo de los respectivos ministerios–. También precisó para qué sirven las reservas internacionales. Los noticieros le dieron cobertura al episodio y colgaron videos en sus canales de YouTube y otras redes sociales. La inmensa mayoría de usuarios comentó a favor de Velarde, ya un poco más enterados del rol del BCR. Una opinión que corroboró la buena impresión que dejó el funcionario es que los usuarios defendieron su sueldo (pues un congresista se atrevió a cuestionarlo).
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En suma, Velarde expuso la ignorancia de los congresistas sobre asuntos básicos de política monetaria. Sin embargo, esa carencia no ha impedido que en el Congreso se hayan presentado proyectos de ley que interfieren en las funciones del BCR, pese a que es autónomo por mandato constitucional. Uno reciente “autoriza” a la entidad a comprar oro “destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” (Gestión 01/07/2024), lo que favorecería a la minería aurífera ilegal.
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Pero la falta de conocimientos elementales de política económica es incluso más vergonzosa en los proyectos y leyes que interfieren en la política fiscal. A pesar de que ponen en riesgo la estabilidad fiscal, sus exposiciones de motivos aseveran de que no existe tal peligro, es decir, pasan por alto un principio básico: un aumento de remuneraciones a servidores públicos o créditos fiscales a discreción reducen los fondos para actividades más productivas como la inversión pública. El mismo efecto pernicioso tienen las exoneraciones tributarias, como la bancada de Renovación Popular pretende aplicar con su proyecto para derogar la “tasa Netflix”. En suma, la gran mayoría de legisladores no sabe de política económica, pero opina y, lo que es peor, aprueba leyes basadas en esa ignorancia.
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