No a Odebrecht

LA NUEVA PRETENSIÓN. La actual administración de la empresa Odebrecht, que se supone ha pasado por una “reformulación integral”, decidió presentar una demanda de arbitraje contra el Perú por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y como siguiente paso declaró estar dispuesta a “encontrar junto con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado”.

La negativa del Gobierno a esta solicitud era el único camino que se podía tomar. Es imposible que el Estado peruano y Odebrecht se sienten a conversar en este tema, pues sus posturas son irreconciliables —la empresa busca que se apliquen artículos del contrato como si el GSP ya hubiese estado operativo y el Estado se basa en que el proyecto nunca inició—.

El Perú dejó sin efecto el contrato porque la empresa no cumplió con el cierre financiero. Ese es el hecho objetivo que puso fin al proyecto GSP y no la cláusula anticorrupción. Si bien el fiscal Rafael Vela afirma que cuenta con un acta firmada por la constructora brasileña Odebrecht, en la cual reconoce pagos ilícitos en el proyecto del Gasoducto del Sur (Gestión 9.07.2019), la empresa nunca ha reconocido públicamente que hubo soborno en el GSP a funcionarios del Estado. Y el caso en la Fiscalía aún está bajo investigación y no es suficientemente sólido.

El acuerdo de colaboración eficaz —que siempre hemos apoyado— ha proporcionado información importante para el caso Lava Jato, pero en los últimos meses la misma se ha ralentizado y hay inconvenientes que no se informan de manera oficial. Por ejemplo, no se sabe si se podrá desencriptar toda la información de los servidores y si eso puede afectar la investigación. El Ministerio Público tampoco se ha pronunciado sobre la decisión de Odebrecht de oponerse a que Suiza envíe la información de sus bases de datos.

Si se apostó por negociar con la empresa y otorgarle beneficios a cambio de información, los fiscales y el procurador deben asegurarse que sea con la mayor “ganancia” para el Estado (no hacer que se desistan de los procesos legales contra el Estado peruano fue un error). Conocer solo una parte de los hechos o solo lo que Odebrecht quiere que se sepa no es la meta El país merece una explicación. Es verdad que la reserva es importante, pero la reserva judicial con filtraciones no funciona, genera mil interpretaciones y a río revuelto solo ganan los corruptos.