Negociación en debate

TRABAJADORES PÚBLICOS. Ninguna ley es perfecta y, sin duda, el decreto de urgencia que regula la negociación colectiva en el Estado no lo es. Ayer este decreto fue revisado en la Comisión Permanente del Congreso y, durante la presentación, quedó en evidencia que algunos trabajadores del Estado han conseguido beneficios desproporcionados, como el derecho del trabajador de heredar su puesto de trabajo a sus hijos u otro familiar, algo impensable en el sector privado.

Quienes critican esta ley —muchos de ellos abogados laboralistas que omitieron señalar que también son árbitros laborales— lo hacen porque se hizo sin diálogo social; afirman que limita la negociación al depender del informe económico del MEF; que solo algunas negociaciones llegarán al arbitraje y los árbitros dependerán de Servir y además, los beneficios conseguidos caducarán a los dos años y deben ser nuevamente negociados.

Quienes defienden la medida recuerdan que las remuneraciones dependen de los ingresos del Estado que, finalmente, son pagados por todos los peruanos, ya sea través de impuestos o del pago directo por algún servicio. Y que mientras mayor sea el porcentaje que se destine a remuneraciones, menor será el porcentaje que pueda dedicarse a obras o inversión a favor de los ciudadanos.

Lo cierto es que hay claras diferencias entre los trabajadores del sector público y el sector privado, y siendo diferentes, la negociación colectiva también debe ser diferente, pues los beneficios económicos deben estar ajustados al presupuesto de la entidad estatal y del país.

Los datos concretos revelan que a pesar de haber estado prohibida la negociación colectiva al interior del Estado en materia económica el 2.6% de los trabajadores públicos sí ha conseguido negociar incrementos salariales y otros beneficios que ni siquiera las mejores empresas privadas tienen (por ejemplo, medio sueldo por el Día del Trabajador Municipal).

Si bien hay aspectos que se pueden ajustar, lo que debe quedar definido es que ningún incremento debe darse ignorando lo que determine el MEF. Ninguna empresa privada da incrementos por encima de sus posibilidades y, con mayor razón, tratándose del dinero de los peruanos, y este límite también debe ser respetado por los árbitros que puedan ver el caso.

El dinero de los ciudadanos debe ser bien utilizado y dar prioridad a los servicios públicos sobre las remuneraciones.