Editorial: Lento aprendizaje

INFRAESTRUCTURA. El efecto del cambio de autoridades subnacionales –en enero asumieron nuevos gobernadores y alcaldes en todo el país– no solo está perjudicando la ejecución presupuestaria en infraestructura y otros conceptos que conforman la inversión pública, sino que también está afectando el gasto en mantenimiento de infraestructura vial, que forma parte del gasto corriente. Entre enero y julio, los gobiernos locales destinaron S/ 36.4 millones, apenas el 18.1% del monto que tienen presupuestado para dicho fin este año, mientras que los gobiernos regionales destinaron S/ 13.5 millones (22.4% de lo presupuestado).

Los gobiernos locales y regionales están a cargo de las vías (y puentes) de alcance provincial y departamental, cuyo mantenimiento requiere de montos mucho menores que las carreteras de escala nacional, que están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o, en el caso de 16 tramos, de empresas concesionarias, que financian el mantenimiento de la infraestructura que operan con el cobro de peajes a los usuarios.

Sin embargo, las vías provinciales y departamentales son muy importantes porque conectan a los habitantes de zonas vecinas y posibilitan la realización de actividades sociales y económicas, principalmente el comercio. Es claro que carreteras, caminos y puentes en mal estado perjudican –y hasta pueden interrumpir– el flujo normal de personas y mercancías. Considerando que son las únicas vías de comunicación en gran parte de esas jurisdicciones, pues los trenes en el Perú son casi inexistentes y no hay vuelos interdistritales, su falta de mantenimiento tiene altos costos socioeconómicos.

En general, el gasto de capital y el gasto en bienes y servicios inician el año con montos bajos, en comparación con la ejecución presupuestaria de los últimos meses. En promedio, en los primeros siete meses del año se destina alrededor del 40% del total anual, de modo que el retraso en mantenimiento de vías observado entre enero y julio últimos solo puede explicarse por el “periodo de aprendizaje” de alcaldes y gobernadores. Lo que cabría preguntarse es si ese prolongado periodo también responde a la falta de capacidad (e interés) de las nuevas autoridades para aprender más rápido.

Esta languidez también se observa en la inversión de municipios y gobiernos regionales. Entre enero y julio, la inversión pública total cayó 1.4%, con respecto al mismo periodo del 2018. Ese resultado se debió a la contracción de la ejecución presupuestaria en dichos niveles (6.4% y 0.9%, respectivamente), pues el Gobierno nacional elevó su inversión. Estos retrasos podrían acarrear serias consecuencias en el mediano plazo.