SEGURIDAD CIUDADANA. Desde que el ministro del interior, Carlos Morán, lanzó “oportunamente” su propuesta de reducir la seguridad policial a las autoridades —incluidos congresistas— ha quedado al descubierto que tan importante como aumentar el número de efectivos en la calle es contar con una estrategia bien planteada y de esto último ni el Gobierno de PPK y menos el de Vizcarra lo tienen.

La inseguridad es una de las tres preocupaciones más importantes para el ciudadano y a pesar de que las autoridades no se cansan de decir que están trabajando en el tema, lo cierto es que un estudio que recientemente ha publicado la Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior muestra que de 75 proyectos de inversión pública en seguridad ciudadana solo el 48% concluyó su fase de inversión, y de estos solo el 85.7% se encuentra funcionando y en buenas condiciones. Lo cierto es que sin el presupuesto necesario la implementación de los proyectos no arribará a buen puerto.

No es la primera vez que se pone en tela de juicio la cantidad de resguardo que tienen las autoridades, pero después de unos días este tema deja de ser noticia, porque la seguridad ciudadana implica tener ideas y poder ejecutarlas, y de eso hay poca evidencia. Quizás por ello la percepción de inseguridad en Lima es cercana al 90% y la mayoría de las ciudades está por encima del 80%.

Pero lo realmente preocupante es el incremento de la cifra de victimización (personas de 15 años a más víctimas de un hecho delictivo). En Lima, como ciudad, es de 30.9% en el periodo mayo-octubre 2019 (que son las últimas cifras oficiales del INEI), lo que representa 1.1 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 2018, mientras que a nivel nacional en ciudades de más de 20,000 habitantes el nivel de victimización está en 29.4%.

La lucha contra la inseguridad ciudadana tiene muchas aristas. En su etapa final involucra a la Policía, los municipios, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Allí hay mucho por trabajar, no bastan más policías en las calles resguardando o atrapando delincuentes si la Fiscalía y el Poder Judicial no cumplen su parte y dejan libres rápidamente a los malhechores. Pero hay toda una etapa de prevención que debe incluir a otras entidades del Estado, y si bien hay una propuesta de “Barrio Seguro”, esta necesita mejorar su articulación. Para lograr resultados las palabras y las buenas intenciones no bastan.