Aunque su pronunciación es parecida, el megapuerto de Shanghái, en China, no padece los problemas que sufrirá el de Chancay (provincia de Huaral, departamento de Lima, Perú), que es construido por la estatal china Cosco Shipping Ports con una inversión inicial de US$ 1,300 millones. La raíz de esas tribulaciones no será la falta de un plan de desarrollo urbano –se supone que el municipio distrital está elaborando uno nuevo–, sino los obstáculos que enfrentará su implementación. Se estima que la primera fase del puerto, prevista para ser inaugurada a fines de este año, generará más de 9,000 empleos, entre directos e indirectos.
Eso significa que la población de Chancay (alrededor de 63,000 personas), aumentará, pues no todos los que encuentren trabajo en actividades relacionadas con el puerto serán residentes de la ciudad. Además, las siguientes etapas del terminal implicarán una mayor oferta laboral, es decir, una carga adicional de habitantes para los cuales Chancay no está preparada. Aparte de la alta probabilidad de que se generen embotellamientos, por la falta de vías adecuadas, habrá que prever carencias en viviendas y en servicios públicos como electricidad, agua y desagüe, salud, educación y seguridad.
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Como es habitual con los megaproyectos en el país, quienes han identificado con antelación la próxima escasez de espacio para viviendas han sido los traficantes de terrenos. Y como solo les interesa lucrar, no gastan en proveer los servicios mencionados. Ya hay mafias operando en la zona, que han comenzado a vender lotes a los llamados “invasores”. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, además de reconocer lo obvio –que el Estado reaccionó tarde–, adelantó que se buscará aplicar una solución novedosa: no se recurriría a desalojos, sino que se ofrecerá a los invasores terrenos formales a bajo costo (Gestión 05/03/2024). Habría que añadir como supuesto: si es que las mafias no llegan antes.
Hay que precisar que el Estado no es única y exclusivamente el Gobierno nacional, que despacha desde Lima, sino que en el caso del megapuerto, incluye al Gobierno regional de Lima Provincias, a la Municipalidad provincial de Huaral y a la distrital de Chancay. Pero si la solución a las invasiones no funciona, estos últimos responsabilizarán a Lima. Claro que la parsimonia con que trabajan los ministerios también es un obstáculo. Muchas veces, los planes para remediar algún caos se ven perfectos en el papel, pero la realidad se los trae abajo. ¿Será Chancay un punto de quiebre o más de lo mismo?
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