Volando bajo

ESTADO EMPRESARIO. La empresa estatal Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) no concita tanta atención como Petroperú, salvo cuando a sus controladores aéreos se les ocurre entrar en huelga, como ocurrió este año –en plena Semana Santa– afectando a miles de pasajeros en Lima, Cusco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Trujillo. Los líderes del paro alegaron que tomaron esa medida de fuerza porque Corpac no les reconocía ciertos derechos laborales, aunque aparentemente no tomaron en cuenta los derechos de los viajeros, que incluyen el acceso a servicios que solamente esta entidad brinda.

Esa es una de las tantas contradicciones que exhibe el Estado cuando asume roles empresariales: al mantener el control exclusivo de servicios o productos, cuando sus trabajadores entran en huelga, paralizan actividades. En el caso de Corpac, entre los afectados figuró el turismo (alojamiento, restaurantes, artesanías, tours), que aún se recupera de dos años de restricciones por la pandemia. Pero también existen problemas estructurales, y quizás el más pernicioso sea el incumplimiento de plazos y el estado de negación de la realidad en que suelen vivir sus funcionarios.

Respecto de Corpac, una demora podría tener serias consecuencias. Se trata del retraso en convocar licitaciones para adquirir equipos y sistemas destinados a la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), que fue construida por Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria del AIJC, pero será operada por Corpac. LAP también culminó la segunda pista de aterrizaje, la que tiene previsto estrenar el próximo 30 de enero –o sea que faltan poco más de dos meses–. El problema es que era necesario que todos esos equipos y sistemas estuviesen disponibles, como mínimo, seis meses previos a la entrada en funcionamiento de la pista (así está estipulado en una adenda del contrato de concesión).

El otro problema es que, según comunicado de la Contraloría del 25 de octubre, hasta esa fecha Corpac no había convocado las licitaciones –pese a que debió haberlo hecho, a más tardar, el 31 de julio–. Al día siguiente del comunicado de la Contraloría, la estatal minimizó en una nota de prensa la advertencia y alegó que los equipos y sistemas principales ya fueron entregados, y aseguró que el inicio de operaciones de la torre será en la fecha prevista. Habrá que ver para creer, aunque el historial de la estatal no la favorece: lleva años postergando un proyecto para adquirir un sistema integral de información con tecnología propia para aeropuertos del siglo XXI.