Editorial de Gestión: Tajos perdidos

Nueva entidad.  El Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley que propone crear la Autoridad Multisectorial para Combatir la Minería Ilegal y sus Delitos Conexos y Promover el Desarrollo Socioeconómico de las Regiones Afectadas (Amcomi), sobre la base de la ya existente Comisión Multisectorial permanente creada en el 2023 con el objeto de realizar el seguimiento al desarrollo social y económico, formalización de la minería y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno. Así, al igual que esta última instancia, la nueva Amcomi estaría conformada por el premier, quien la encabezaría, así como por los ministros de las 18 carteras actualmente existentes. 

El propósito de esta nueva entidad sería liderar la articulación de estrategias y acciones con los ministerios y otras entidades del sector público para combatir la minería ilegal. Según han sustentado algunos congresistas, la norma serviría para ‘exhortar’ al Ejecutivo a que cumpla más firmemente la lucha contra la minería ilegal. Dicho esto, no es claro cuánto podría lograrse realmente en la práctica, considerando no solo que apenas se estaría formalizando una instancia ya existente, sino que se trata tan solo de una norma declarativa.

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Es evidente que la minería ilegal es actualmente una de las mayores amenazas que hoy enfrenta nuestro país. Según Miguel Cardozo, exdirector del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, solo la minería ilegal de oro –el producto principal en este sector– estaría moviendo alrededor de US$6,000 millones este año. De acuerdo con cálculos del IPE, dicha cifra habría aumentado en 41% con respecto al 2023, que es cinco veces el crecimiento que el BCR espera para el total de nuestras exportaciones en este 2024 (8%).

Frente a este escenario, mucho más relevante que preocuparse por la creación de más burocracia –que ni siquiera está claro si ayudaría en algo–, sería que el Congreso se abstenga de aprobar normas que directamente han beneficiado a la minería ilegal. Como, por ejemplo, la ley que aprobó en marzo que derogó la facultad de la Policía Nacional de tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). O como lograría también una nueva extensión de este fracasado registro, algo que también viene discutiendo el Congreso. 

Peor aún, ¿Qué confianza puede otorgar un Congreso presidido por una persona con conexiones tan claras con la minería ilegal como Eduardo Salhuana? 

Luchar frontalmente contra la minería ilegal es una tarea pendiente del Ejecutivo y, como tal, algo que deberíamos exigir a los próximos candidatos presidenciales. En lo que respecta al Congreso, no obstante, mucho más importante que crear normas declarativas sería que se preocupen por atender los tajos profundos que hoy tienen en casa.

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