El Congreso tiene en trámite cuatro proyectos de ley destinados a mejorar las remuneraciones y beneficios económicos de los trabajadores de la Sunafil. El objetivo es aparentemente razonable. La inspección laboral exige personal calificado, experiencia técnica y presencia en todo el país. Resulta legítimo debatir cómo atraer y retener profesionales. El problema aparece cuando se revisan las fuentes de financiamiento propuestas.
Algunas de las iniciativas plantean que las mejoras salariales o bonificaciones se financien con recursos vinculados a la propia actividad de la entidad, incluidos excedentes de recaudación y recursos directamente recaudados. Aunque los mecanismos son distintos, el resultado es similar: una parte de los ingresos de la Sunafil pasaría a depender de los recursos que genera su actuación fiscalizadora y sancionadora.
Ese diseño institucional merece una discusión mucho más profunda que la que ha recibido hasta ahora.
Las entidades encargadas de supervisar y sancionar conductas deben mantener una separación clara entre sus decisiones técnicas y cualquier beneficio económico derivado de ellas. La razón es sencilla. Cuando una organización obtiene más recursos a medida que aumenta su capacidad de recaudar multas, aparece un incentivo que puede afectar la confianza en sus decisiones.
No se trata de afirmar que los inspectores actuarán de manera indebida. Sin embargo, una empresa sancionada estaría en todo su derecho al preguntarse si la decisión respondió exclusivamente a criterios legales o si existe además un beneficio económico para la entidad que la sanciona. Esa duda deslegitima la fiscalización.
La preocupación resulta especialmente relevante en el caso de la Sunafil porque la ley no le asigna únicamente funciones sancionadoras. También debe orientar, prevenir incumplimientos y brindar asistencia técnica. Su finalidad no es maximizar la recaudación por multas, sino promover el cumplimiento de la legislación laboral.
En la práctica, además, la discusión afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas. Muchas enfrentan dificultades para interpretar normas complejas, contratar asesoría especializada o implementar procedimientos formales. En esos casos, una fiscalización enfocada en corregir incumplimientos suele ser más útil que una orientada a sancionarlos.
Si el Estado considera que los trabajadores de la Sunafil merecen mejores remuneraciones, debe financiarlas mediante los mecanismos presupuestales regulares. Vincularlas a recursos generados por la propia actividad sancionadora introduce un problema que hoy puede parecer menor, pero que con el tiempo puede afectar la credibilidad de la institución.
