Sin respaldo

FISCALIZACIÓN. Ya se escucha a candidatos presidenciales y congresales hablar sobre control de precios y otras propuestas de intervención estatal en la economía –la de “desglobalización” es, hasta ahora, la más descabellada– como soluciones milagrosas a la falta de empleos formales y demás dolencias macroeconómicas del país. Lo que no parecen conocer esos aspirantes es que ya existen entidades públicas que tienen como objetivo impulsar la formalidad y velar por el funcionamiento de los mercados.

El problema de muchas de ellas es que no cuentan con el respaldo político necesario para cumplir sus funciones, que en algunos casos son enormes. Una de ellas, cuya debilidad fue puesta de manifiesto por las protestas de los trabajadores agroexportadores en diciembre pasado, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Su tarea consiste en verificar que las empresas cumplan con la legislación y brinden un trato adecuado a su personal. Irónicamente, el motivo mayor de las protestas era justamente el abuso de ciertas agroexportadoras, el cual databa de años.

Habría que pensar que Sunafil no se da abasto porque no cuenta con suficientes recursos materiales y humanos para desempeñar su rol. Pero también carece de apoyo institucional. Otra entidad “sin dientes” es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), cuya existencia solo se recuerda cuando ocurre algún accidente de bus interprovincial cerca de Lima. En esas tragedias, el ministro de Transportes de turno, a veces hasta el presidente de la República, anuncian una reestructuración de la entidad.

También ha hecho acto de presencia durante las cuarentenas, cuando algún medio constataba las muchas formas de transporte interprovincial clandestino, que supuestamente Sutran debe detectar y sancionar. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) se hizo conocida para el público cuando se supo que clínicas privadas cobraban por las pruebas para detectar el covid-19. La entidad dijo que investigaría, pero hasta ahora se ignora a qué conclusiones habría llegado.

Es cierto que todas las mencionadas tienen que lidiar con la informalidad y con empresas que solo son formales en el papel, pero no basta con la fiscalización, pues también son importantes la orientación y la predictibilidad en los criterios que se apliquen en las investigaciones y sanciones. Sin embargo, el reto debería ser apuntar a la prevención. Lamentablemente, nada de esto vende en campaña electoral.