Reviviendo el pasado

CONTROL DE PRECIOS. Una de las medidas económicas preferidas por los políticos que buscan aceptación popular, ya sea para captar votos, subir en las encuestas o acumular capital electoral para futuros comicios, es el control de precios. El Perú ha vivido esas experiencias, más recientemente en la década de los 80 –con resultados desastrosos–, aunque el actual Congreso está mostrando una voluntad inusitada por revivir esas épocas. Durante la campaña presidencial también se han escuchado promesas en ese sentido, más de un lado que del otro.

En el caso del Congreso, una de las más criticadas fue la ley que obliga al BCR a fijar topes a las tasas de interés para los créditos de consumo y para mypes, que según la jefa de la SBS, Socorro Heysen, excluirá del sistema financiero a las personas que recién están accediendo al mismo, así como al sector informal, ya que no pueden justificar sus ingresos. Ese efecto no es difícil de entender: si una empresa o persona no cuenta con comprobantes de pago o recibos por honorarios, su riesgo crediticio será mayor y, por ende, más costoso. En suma, esa ley petardea la inclusión financiera que desde diversas entidades del Estado se busca impulsar.

Asimismo, el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que, en resumidas cuentas, establece el control de las pensiones en colegios privados “en casos de emergencia” (como el que vivimos ahora). De ser promulgada la ley por el Ejecutivo, los colegios se verían obligados a reducir sus costos, lo que significa pagar menos a sus profesores y, probablemente, comprometería la calidad de la enseñanza. Es decir, lo contrario de lo que se está buscando. De nuevo, esta norma constituye un retroceso.

Los adultos mayores de 50 años recuerdan perfectamente los “precios únicos” de productos básicos, que desde 1985 dejaron de serlo porque en realidad había que pagar sobreprecio por casi todo, desde el pan hasta el dólar. Fijar precios sin tener en cuenta la estructura de costos ni la disponibilidad de insumos es una receta para la especulación y la corrupción, y quienes sufren las consecuencias son los supuestos beneficiarios: los consumidores, en especial los que perciben menores ingresos.

Si a esa fórmula se suma la prohibición de importaciones, el resultado es más calamitoso. Es lo que el país vivió entre 1985 y 1990. Precios que se dispararon a niveles de hiperinflación y una producción nacional que se anquilosó porque no enfrentaba competencia del exterior. Pese a ser tan perjudicial, es una lección que muchos políticos no aprenden.