Responsabilidad compartida

GOBIERNOS SUBNACIONALES. ¿Cuánto de las brechas socioeconómicas, que en parte han motivado las protestas, podrían ser cerradas por los propios gobiernos subnacionales? Se suele culpar al “Gobierno central”, que despacha y toma las decisiones desde Lima, por las carencias y la deficiente prestación de servicios públicos en el resto del país, en especial las zonas con altas tasas de pobreza –sobre todo multidimensional, que precisamente mide la falta de acceso a condiciones de vida básicas–. Pero, en realidad, se trata de una responsabilidad compartida con las autoridades departamentales, provinciales y distritales.

El proceso de descentralización fue iniciado en 2002, pero quedó trunco, y pese a que han pasado 20 años, todavía no se terminan de definir por completo las competencias de los gobiernos regionales y locales. ¿Quién asume la construcción y mantenimiento de carreteras? ¿El MTC, gobernadores, alcaldes o todos juntos? ¿Quién define el esquema y promoción de la vacunación contra el covid? ¿El Minsa o las direcciones regionales de salud (Diresa)? ¿Quién diseña la estrategia de seguridad ciudadana? ¿El Mininter o los alcaldes? Esa especie de nebulosa atenta contra la funcionalidad de la administración pública, lo que se hace más evidente en el primer año de las nuevas autoridades, conocido como “de aprendizaje” (estamos iniciando uno).

El caso más nefasto de indefinición ocurrió durante la pandemia. Los hospitales de todo el país colapsaron casi instantáneamente, en gran medida porque las inversiones presupuestadas año tras año para dotarlos de material básico, como camas UCI y generadores de oxígeno, no se habían ejecutado. Lo que siguió fue que el Minsa y los gobiernos regionales se ‘tiraron la pelota’ y ninguno asumió responsabilidad. Y hoy, los departamentos con protestas más intensas figuran entre los de menor avance en la vacunación contra el covid. ¿De quién es la culpa?

Pero también hay ineptitud y, por supuesto, corrupción. A pesar de la disponibilidad de recursos, incluidos los del canon, anualmente los gobiernos subnacionales no ejecutan en inversión pública alrededor del 30% de lo presupuestado. En otras palabras, las poblaciones que llevan décadas esperando colegios y postas médicas, luz, agua y desagüe, quizás deban orientar sus reclamos a sus propias autoridades regionales y locales; y al Congreso, que se hace de la vista gorda (no es conveniente criticar a aliados políticos) y no cumple su rol de control político fuera de Lima. Por cierto, ¿por qué gobernadores y alcaldes no están sujetos a la rendición de cuentas?