La lucha contra la minería ilegal está ocupando un espacio mínimo en los discursos oficiales del Gobierno de Keiko Fujimori. “Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, señaló la presidenta en su discurso inaugural, ante el Congreso. También dijo que perseguirán a las mafias que financian la minería ilegal, entre otros delitos. Por su parte, el premier Luis Galarreta, el jueves ante la Cámara de Diputados, indicó que “la Policía proyecta mantener un incremento sostenido con operativos en el período 2026-2031” y precisó que la minería ilegal no es la artesanal ni la informal.
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Sin embargo, es complicado establecer diferencias claras entre las tres actividades, puesto que la ilícita –que ostenta enorme poder económico y también político– se aprovecha del marco legal, o de su ausencia, para hacerse pasar por artesanal o informal. Por ejemplo, ha estado detrás de las múltiples prórrogas del plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La Ley 32537, aprobada por el anterior Congreso y promulgada por José Jerí el pasado 27 de diciembre, amplió el plazo hasta el próximo 31 de diciembre, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
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Pero la Ley MAPE y su reglamento no existen, pese a los anuncios de los sucesivos titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de que se estaba trabajando en el respectivo proyecto de ley. Por ende, dos de los grandes desafíos del titular del Minem, Guillermo Shinno, serán frenar una nueva ampliación del Reinfo y poner a debate un proyecto de Ley MAPE que pueda ser aplicable. En su agenda también figura “reestructurar” el canon minero para que una parte se transfiera directamente a las comunidades vecinas a las minas (formales). Esta propuesta no es novedosa, pero si es bien implementada, podría servir para contrarrestar el mensaje hostil de los antimineros, que curiosamente, no atacan a la minería ilegal.
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Por supuesto, también habrá que lidiar con el Congreso, en particular con la obstrucción de Juntos por el Perú (JP). En diputados, la Comisión de Energía y Minas será presidida por Jenifer Paredes, carente de experiencia pero que ya anunció que representa “la voz de los pueblos”, un eufemismo que los dos anteriores congresos usaban para legislar a favor de grupos de interés. En este caso, uno que el 2025 provocó pérdidas fiscales por S/ 7,800 millones, porque no paga impuestos.
