La segunda vuelta del 2026 ha vuelto a mostrar varias de las debilidades del sistema electoral peruano. Por tercera vez en poco más de una década, el país enfrenta una elección definida por una diferencia mínima de votos, un prolongado período de incertidumbre y una sociedad profundamente dividida. Queda claro que el Perú arrastra desde hace años un problema de fragmentación política que ha dado lugar a presidentes con mandatos débiles. Los resultados de esta elección parecen confirmarlo.
De las 38 organizaciones que participaron en la primera vuelta, apenas seis lograron superar el umbral de representación. Más aún, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta (Keiko Fujimori y Roberto Sánchez) concentraron alrededor del 30 % de los votos válidos. En otras palabras, siete de cada diez electores optaron por otras alternativas. En pocos países de la región los finalistas llegan a la segunda vuelta con niveles de respaldo tan reducidos. El resultado es una creciente distancia entre los ciudadanos y quienes terminan disputando la presidencia.
Este escenario no es producto de la casualidad. Tampoco responde únicamente al desgaste de los partidos tradicionales. Es consecuencia de decisiones políticas adoptadas en los últimos años. El Congreso desmanteló parte importante de la reforma política impulsada y modificó las reglas sin medir adecuadamente sus efectos (o quizá sabiéndolo). Como indica Fernando Tuesta, la eliminación de las PASO, la flexibilización de diversos requisitos y la insuficiente fiscalización de los procesos de inscripción contribuyeron a multiplicar la oferta electoral.
Lo más preocupante es que esta precariedad institucional no surgió por error. Fue configurada por los propios partidos políticos. Muchas de las normas hoy vigentes respondieron más a cálculos de conveniencia inmediata que a una visión de fortalecimiento democrático. Se privilegió la supervivencia de organizaciones particulares antes que la construcción de un sistema capaz de generar representación y estabilidad.
También resulta necesario revisar la relación entre representación y gobernabilidad. Los mecanismos para asignar escaños en el Congreso resultan positivos, pero también generan importantes distorsiones entre votos obtenidos y curules. Encontrar un mejor equilibrio constituye una tarea pendiente.
Existe además otro aspecto que merece atención. El Perú necesita encontrar un sistema que permita evitar la confusión y que no alimente la incertidumbre a medida que avanzan los resultados. Cada elección ajustada termina convertida en una larga espera donde proliferan especulaciones y sospechas.
La elección del 2026 deja una lección evidente. Los problemas que hoy observamos no son únicamente producto de las campañas o de los candidatos. Son también consecuencia de reglas que fueron modificadas pensando en intereses inmediatos. Corregir esos incentivos será indispensable para construir una democracia más representativa, más predecible y más estable.
