Editorial de Gestión. Si la política económica no aborda de manera integral el problema, la situación puede empeorar. (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. Si la política económica no aborda de manera integral el problema, la situación puede empeorar. (Foto: GEC)

EMPLEO. El principal problema socioeconómico del Perú es tanto la falta de empleo como la precariedad del mismo. Según el INEI, en el trimestre abril-junio, la tasa de desempleo nacional (5.5%) se ubicó casi dos puntos porcentuales por debajo de la registrada para todo el 2020 y cercana al rango superior del nivel considerado natural (entre 2% y 5%). Viéndolo así, el mercado laboral peruano se ubicaría entre los que se han recuperado más rápido de la pandemia, codeándose con los países desarrollados –donde incluso ha habido escasez del recurso humano–.

Lamentablemente, la mayor parte de esos puestos de trabajo en el caso peruano es informal, es decir, no brindan beneficios sociales y/o corresponden a unidades de producción no registradas. La consecuencia es la baja productividad que hay. La tasa anualizada de informalidad (julio 2020-junio 2021) a nivel nacional fue 78.1%, sumados los ámbitos urbano (72.5% y rural (95.9%). Se trata de porcentajes récord, que en las ciudades se traduce en 9.01 millones de trabajadores desprotegidos.

Entre los sectores con mayor incidencia de empleo informal figuran comercio y construcción. En el primero, es evidente el aumento de la actividad ambulatoria, aunque el INEI no entra en esos detalles. En el segundo, la reactivación constructora ha sido fuerte en la edificación independiente, que es de naturaleza informal, tanto en la contratación de personal como en la observación de la regulación. Por tamaño de unidad productiva, la incidencia es mayor en las que emplean menos trabajadores. Esto se explica por los elevados costos no salariales, que son más difíciles de asimilar para las mypes.

Decimos que estamos frente a un problema socioeconómico porque abarca más que lo laboral. Es que además de las condiciones precarias con que laboran millones de personas, hay que sumar factores como la baja productividad, ingresos menores que inciden negativamente en la economía familiar, el mayor riesgo de sufrir accidentes laborales y no contar con cobertura médica, la posibilidad de ser víctimas de acoso y maltratos, entre otros. Es por ello que si la política económica no aborda de manera integral la necesidad de atacar la informalidad, la situación puede empeorar.

Sin embargo, el Gobierno no parece tener este problema en mente, mucho menos encontrarle solución. Por ejemplo, el titular del Minem no menciona dentro de sus planes a la minería informal e ilegal, que además de depredar y contaminar, recurre a la explotación laboral. Es más, hay un ministro que fue multado dos veces por conducir una “combi pirata”. Es hora de ponerse serios.


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