Ética sin virtud

CONGRESO. Desde hace varias semanas, se han venido reportando varios escándalos políticos que involucran o bien a algún(a) congresista en particular o, en algunos casos, al Parlamento en su conjunto. Los ya conocidos congresistas ‘mochasueldos’ son claramente un ejemplo de lo primero (aunque no el único). Mientras que, como ejemplos de lo segundo (ver Editoriales del 27/02/2023 y 09/03/2023), destacan decisiones como el uso aparentemente inapropiado y políticamente torpe de los viajes, las mejoras en el ‘buffet’ legislativo o la incapacidad de priorizar los asuntos que más le importan al país, como el debate sobre el adelanto de las elecciones generales.

En una democracia más sólida y funcional, una avalancha así de casos y decisiones polémicas y que desprestigian aún más a nuestra clase política tendría que dar lugar a una avalancha similar de respuestas audaces y rápidas de, cuando menos, un grupo relevante de congresistas. No hay que olvidar que, además de legislar, el rol principal de este poder del Estado es fiscalizar y ejercer un control político de otras autoridades, incluyendo a sus propios colegas. Lamentablemente, esto no es ni lo que suele pasar ni lo que ha pasado esta vez por aquí.

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Resulta vergonzoso tener un Congreso del que ni siquiera pueda surgir un grupo políticamente influyente que sea capaz de leer mejor los reclamos de la ciudadanía y actuar conforme a estos. De responder ya sea a través de la Comisión de Ética o de una acusación constitucional, pero lo que vemos en la práctica usualmente es a esta primera comisión blindando o postergando casos evidentes que se deberían sancionar, mientras que las acusaciones constitucionales normalmente solo proceden cuando los escándalos coinciden con alguna enemistad política. Piense sino en por qué ya existe una acusación constitucional contra una de las congresistas ‘mochasueldos’ (lo que es positivo), pero no todos los casos se han tratado igual.

Es urgente profesionalizar el Congreso (ver Editorial del 21/02/2023). Lo difícil de este reto es que este tipo de problemas ya no son solo atribuibles a este grupo específico de parlamentarios, sino que son un asunto estructural (la práctica de los ‘mochasueldos’, por ejemplo, existe desde hace varios Congresos). Y es un problema que nos importa a todos, no solo al Congreso, pues como ya debería habernos quedado claro en las últimas décadas, no es posible tener desarrollo y crecimiento económico sostenido en un entorno de instituciones democráticas endebles. Esperemos que pronto nuevos políticos lo entiendan.

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