Benavides afirma que seguirán trabajando con las recomendaciones de la CIDH sobre las protestas

Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta mañana, en conferencia de prensa, su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.

Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes”, concluye el informe tras precisar que las víctimas de violaciones de derechos humanas deben ser reparadas de manera integral.

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Al respecto, al fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó a Canal N que el Ministerio Público trabajará con las recomendaciones dadas por dicho organismo internacional.

“Como Ministerio Público y, sobre todo, como fiscal de la nación, somos respetuosos del estado de derecho, de los derechos humanos y de las normas internacionales. Por eso, hemos venido comunicando a la CIDH de todas las acciones y decisiones a fin de fortalecer las investigaciones sobre violación de derechos humanos”, señaló.

En ese sentido, recalcó que “seguiremos trabajando con las recomendaciones dadas por la CIDH, con el subsistema especializado de derechos humanos, y el equipo especial, realizando investigaciones de forma célere, ordenada, y sobre todo, en cumplimiento del enfoque de la víctima e interculturalidad”.

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A inicios de abril, la Fiscalía conformó un equipo especial encargado de investigar los presuntos delitos contra la humanidad y los que hayan constituido violación de los derechos humanos durante las protestas en contra de Boluarte.

En total, se informó que, entre diciembre del 2022 y enero de 2023, se han abierto 11 investigaciones fiscales por las muertes de ciudadanos ocurridas en estas manifestaciones.

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