Orgullo y prejuicios

INFORME. Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalmente presentó su informe sobre lo ocurrido durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. El documento destaca que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional” y que hubo “graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. Además, la CIDH también “condena y expresa su consternación por el fallecimiento de al menos cuatro personas como consecuencia de los bloqueos, incluyendo dos bebés; así como por el impedimento de paso de ambulancias”. Mientras que, sobre el golpe de Castillo, condenó “la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional”.

Desde el momento en que el informe fue presentado, no obstante, este parece casi solo haber dado lugar a posiciones categóricas de varios personajes políticos que o bien lo han rechazado del todo o no admiten crítica alguna sobre su contenido. La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, afirmó por ejemplo sobre el informe que la CIDH “es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela”, por lo que “no le haría caso” ni “tomaría en cuenta el informe”. Ello pese a que Venezuela no es parte del sistema interamericano desde que se retiró por presión de Hugo Chávez. Por su parte, Pedro Martínez, de Acción Popular, calificó el informe como “tóxico” y remarcó que “no es legal tomar aeropuertos y bloquear carreteras”, pese a que la CIDH también condenó esos actos.

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Al mismo tiempo, ha habido otras críticas al informe que parecen más razonables. En una sección, por ejemplo, la CIDH destaca que la economía peruana “está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan pueblos indígenas y comunidades”. ¿Pero cuál era la necesidad de pronunciarse sobre un asunto que ni es su especialidad ni se vincula directamente con el propósito del informe (ni sustenta)? Asimismo, entre sus conclusiones, el informe desliza que el pedido de convocar a una asamblea constituyente debería ser atendido “respetando el estado de derecho”, sin ahondar en cómo ni considerar que hoy mismo no existe forma legal de convocar a una constituyente sin quebrar el estado de derecho.

Más allá de estas y otras críticas posibles, sin embargo, está claro que el informe presenta información importante que debería ser tomada con seriedad. Sería lamentable que solo por el orgullo y prejuicios de algunos políticos terminemos pasando por agua tibia la violación de derechos fundamentales.

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