APORTES FORMALES. La semana pasada, el Congreso aprobó en segunda votación la ley que, en caso sea finalmente publicada, restablecería la posibilidad de que los partidos políticos sean financiados por empresas privadas.
En principio, esto sería una buena noticia. Como ya habíamos comentado (ver Editorial del 21/11/2024), efectivamente se había ido demasiado lejos cuando se decidió limitar del todo la posibilidad de que entidades privadas puedan contribuir a las campañas o a actividades de formación de los partidos, por más de que lo hagan transparentemente.
Si se prohíben del todo los aportes formales en un país como este, se deja el camino libre a los aportes informales, sobre los que no es posible ejercer control alguno. Está claro por ello que lo que debería fomentarse son los aportes privados formales y transparentes. Dicho esto, la norma bajo análisis que hoy está en manos del Ejecutivo –este debe aún decidir si la publica o si la observa–, tiene también varios aspectos preocupantes.
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Como se destaca en un informe técnico elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), llama la atención que se haya previsto que “hasta el 50% del financiamiento público directo recibido” pueda ser utilizado para contratar “servicios diversos”, entre los que se encuentra la “asesoría y patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros en el ejercicio del cargo”. Es decir, a partir de ahora, los líos judiciales de nuestros principales políticos serían financiados por nuestros bolsillos.
Otro punto preocupante, también destacado por la ONPE, es que la regla de que hasta un 40% del aporte máximo de las personas naturales o jurídicas pueda hacerse mediante depósitos o transferencias “confidenciales” en el Banco de la Nación. Para ello, el recibo omitiría el nombre de quien haya realizado el aporte.
El principal beneficio de permitir nuevamente este tipo de aportes es justamente que se tratara de una apuesta por recuperar la confianza de la ciudadanía y de los mercados en que el sector privado puede contribuir transparentemente con la política. Esto, sin embargo, se rompe si se abre la puerta a esconder como formales aportes nadie sabe de quién vienen. Incluso, con la facilidad con la que es crear personas jurídicas que existan solo en los papeles, se corre el riesgo de que instituciones informales, incluyendo a la minería ilegal, encuentren aquí una puerta para disfrazar como formales sus aportes.
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Las sanciones a los partidos que incumplan las normas de financiamiento, por su parte, son solo multas y no sanciones políticas, como la suspensión o cancelación de la inscripción. Así las cosas, la verdad es que no queda claro si las consecuencias de estos cambios terminarán siendo más positivos que negativos, o si contribuirán a generar aún más desconfianza.