Editorial de Gestión. Los parlamentarios deben tener claro que aun cuando la interpretación del Gobierno sea la equivocada, podría ganarle la partida. (Foto: César Bueno | @photo.gec)
Editorial de Gestión. Los parlamentarios deben tener claro que aun cuando la interpretación del Gobierno sea la equivocada, podría ganarle la partida. (Foto: César Bueno | @photo.gec)

CRISIS POLÍTICA. El rechazo de plano de la cuestión de confianza planteada por el Gobierno respecto a un proyecto de ley que buscaba derogar la Ley 31399 (límites del referéndum) ha avivado la crisis existente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ni bien se dio a conocer la decisión del Congreso, el presidente Pedro Castillo declaró que el Ejecutivo interpretaba ese rechazo como un “rehusamiento expreso de la confianza”, dejando en claro que para ellos el Congreso habría usado ya su “primera bala de plata”.

Tratando de seguir con esa línea interpretativa, el Ejecutivo asumió la existencia de una crisis ministerial (como consecuencia del rechazo), frente a lo cual el premier Aníbal Torres renunció dejando su lugar a Betssy Chávez y se tomó juramento a un nuevo Gabinete. Este comportamiento deja en claro que el Gobierno estaría buscando plantear una “segunda” cuestión de confianza, ya sea con la aprobación del proyecto de presupuesto —una opción ya adelantada por el ministro de Economía, Kurt Burneo— o con la natural cuestión de confianza que deberá solicitar la nueva premier y, de ser negado este pedido, sentir que ya están facultados para el cierre del Congreso.

Esta interpretación que con tanta facilidad repiten diversos ministros como el titular de Trabajo está lejos de lo establecido en la ley. Sin embargo, es claro que las situaciones fácticas pueden ir más allá de lo que establecen las normas (de lo contrario no habrían existido en el país dictaduras o cierres ilegales del Legislativo) y por eso se entiende la decisión del Parlamento de plantear preventivamente una demanda competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo. Medida que sorpresivamente fue aprobada por 98 votos a favor.

En la permanente confrontación que viven el Legislativo y el Ejecutivo, este último siempre ha terminado mejor colocado, pues a pesar de todas las acusaciones, investigaciones y yerros, el Congreso no ha logrado el acuerdo político necesario para tomar medidas más radicales. Quizás la posibilidad cada vez más cercana de ser cerrados explique la alta votación conseguida para presentar la demanda ante el TC y pueda ser una señal de lo que podría pasar en los próximos días. Los parlamentarios deben tener claro que aun cuando la interpretación del Gobierno sea la equivocada, podría ganarle la partida.

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