El problema que enfrenta el presidente José Jerí ya no puede describirse como un error puntual. Se trata de una falla sostenida de transparencia, agravada por una secuencia de contradicciones públicas que han terminado por debilitar su credibilidad y, con ella, la autoridad del cargo que ocupa.
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Las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang son el punto de partida, pero el deterioro real que genera la crisis comienza después, cuando el propio presidente ofrece versiones cambiantes sobre los hechos. Primero se habló de reuniones con fines protocolares; luego, de encuentros casuales; más tarde, argumentos tan poco serios como comprar caramelos. Cada ajuste en el relato no aclara lo sucedido, sino que añade una nueva capa de duda. Cuando la versión oficial se modifica reiteradamente, el problema deja de ser la reunión y pasa a ser la confianza en quien la explica. Y lo que podría estar ocultando.
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A ello se suma un manejo impropio de la investidura presidencial. Un jefe de Estado no sostiene reuniones encapuchado, fuera de agenda y sin registro oficial, sin asumir que ese comportamiento exige explicaciones inmediatas, completas y verificables. No se trata únicamente de legalidad, asunto que corresponde evaluar a la Fiscalía, sino de estándares mínimos de conducta. La Presidencia no admite informalidades privadas ni márgenes de ambigüedad.
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La comparecencia del mandatario realizada ayer ante el Congreso tampoco contribuyó a despejar el panorama. Su defensa se apoyó en generalidades y en la idea de una persecución política, sin responder con precisión. En lugar de cerrar el caso, lo dejó más expuesto.
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Este desgaste no es un asunto menor. La transparencia presidencial no es un valor retórico, sino un insumo esencial para la estabilidad política y económica. En un país con una larga historia de crisis institucionales, cada episodio de opacidad tiene efectos acumulativos sobre la confianza de los ciudadanos, de los inversionistas y de los propios actores del sistema político.
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Dicho esto, una crítica a la conducta del presidente no equivale a promover su remoción inmediata. En el contexto actual, forzar una salida podría generar un daño mayor, justo cuando el país atraviesa un proceso electoral (con una cantidad inédita de candidatos y un Congreso bicameral) y enfrenta decisiones económicas relevantes, como la reorganización de Petroperú y otros frentes que requieren continuidad mínima en la conducción del Estado.
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Defender la institucionalidad hoy no significa respaldar al presidente ni minimizar sus errores. Significa exigir transparencia plena, coherencia en las explicaciones y sometimiento efectivo al control político y fiscal. El país ya conoce los costos de la improvisación. Añadir un episodio más a esa lista sería una mala decisión.
