El año pasado, el Gobierno logró cumplir la meta de déficit fiscal de 2.2% del PBI, además de reducirla respecto de los dos años previos –cuando no pudo alcanzar las metas correspondientes–. El resultado del 2025 se explica por un aumento de la recaudación tributaria superior al esperado, un considerable ajuste en la inversión pública, que creció 5.7% (frente al notable 14.7% del 2024), y un “empujoncito” de parte del MEF, que emitió un decreto de urgencia que disponía medidas de austeridad en las entidades del Ejecutivo, que equivalió al 0.1% del PBI que faltaba para precisamente alcanzar la meta.
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Para el 2026, la autoridad monetaria proyecta un déficit fiscal de 1.8% del PBI, aunque los supuestos que utiliza son un tanto optimistas –algo bastante raro– o muy preocupantes. Para empezar, su escenario base considera que Petroperú no recibirá ningún rescate financiero este año. El 2025, recibió recursos públicos equivalentes a 0.3% del PBI. Lamentablemente, el propio presidente interino, José Balcázar, está en contra de la restructuración de la petrolera estatal, al punto que cuando ejercía de congresista apoyó dos proyectos de ley que buscan derogar el Decreto de Urgencia 010-2025. Esta norma dicta las pautas para intentar que Petroperú deje de ser un lastre para la economía del país.
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Ya se ha anunciado la intención de transferirle S/ 500 millones, pero existiría la intención del Gobierno de llegar a US$ 2,000 millones. Lo inquietante es que cualquier rescate afectará negativamente la proyección del déficit fiscal. Y nadie sabe qué pasará a partir del 28 de julio. No nos referimos solamente a quién ganará la presidencia de la República, sino a quiénes obtendrán curules en el Legislativo, sobre todo en el Senado. Si el actual Congreso está envalentonado y continúa aprobando más gasto público rígido, es aterrador pensar cómo actuará el siguiente. Y cuán generoso será con Petroperú.
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No dejaremos de reiterar que el incremento del gasto corriente perjudica la construcción de infraestructura. En efecto, el BCR proyecta que la inversión pública apenas aumentará 1% este año (también el 2027). Mientras tanto, calcula que el gasto corriente se elevará 4%, en términos reales, dentro del cual figuran las remuneraciones del sector público, que aumentarán 4.7%, también por encima de la inflación. Si la inversión pública se estanca, la brecha de infraestructura no se reducirá y nuestros problemas de siempre se agravarán. Es que habrá menos recursos públicos para colegios, centros de salud, carreteras, equipamiento policial y un largo etcétera.
