Únete al canal de GestiónLa ola de violencia que se ha vivido en Ecuador durante las últimas 48 horas podría terminar siendo el espejo en el que Perú se mire en los próximos años si no se toman medidas adecuadas. Aunque la chispa que detonó la crisis puede encontrarse en los anuncios del Gobierno ecuatoriano de construir prisiones de alta seguridad y trasladar a los cabecillas de los grupos criminales, el factor subyacente es el aumento de la criminalidad a raíz de las economías ilegales, en este caso el narcotráfico.
Según informó EFE, el puerto de Guayaquil lleva tres años rompiendo récords de cocaína incautada. A la par, con el incremento del tráfico de drogas, se ha notado un aumento de la tasa de homicidios de 5.8 por cada 100,000 habitantes en el 2018 a una de 44.9 en el 2023, según datos del Ministerio del Interior ecuatoriano. Y las bandas criminales ligadas al nacrotráfico, locales y extranjeras, han proliferado.
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Ante la crisis en el país vecino, el Gobierno peruano ha reaccionado con acciones en la frontera, lo que es acertado, tomando en cuenta que existe un riesgo de expansión de las bandas hacia el Perú como resultado de las operaciones que en Ecuador se puedan tomar tras la declaratoria de “conflicto armado interno” (Gestión 10.01.24)
Sin embargo, tanto o más urgente es aplicar medidas serias e inmediatas para contener el avance de las economías ilegales a lo largo y ancho del país. Y si bien el narcotráfico a nivel local sigue siendo una amenaza, es la minería ilegal la que, a través de grupos criminales, últimamente ha atacado de manera sangrienta en diversas zonas del país.
Basta recordar el atentado con explosivos a la minera Poderosa o el ecosistema criminal que campea en Madre de Dios y otras zonas de la selva donde la minería ilegal es una de las principales actividades. Y aunque la PNP y el Ministerio del Interior han llevado a cabo operativos en los que se han desarticulado bandas, los esfuerzos no son suficientes.
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Según la Unidad de Inteligencia Financiera, las posibles operaciones vinculadas a la minería ilegal dieron un salto el año pasado. Así, el dinero cuestionado a noviembre pasado fue casi siete veces mayor que lo registrado entre el 2021 y el 2022 (Gestión 08.01.24). No tenemos una política clara ante el avance del crimen (y el aumento de su rentabilidad). El desembalse observado Ecuador debería empujar a las autoridades y políticos a tomar acciones concretas para evitar llegar a un punto de no retorno en el que la violencia ya no pueda controlarse.
