Ayer finalmente sesionó el denominado Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, grupo en el que participaron tanto la presidenta Dina Boluarte como los titulares de varios organismos constitucionales autónomos vinculados con el sector. Ello con el objetivo de discutir una propuesta de reforma integral para el sistema de justicia, que apunte a corregir los graves problemas que actualmente venimos enfrentando.
Como se sabe, el sistema de justicia peruano está compuesto no solo por el Poder Judicial (PJ), sino también por otras instituciones autónomas, como el Tribunal Constitucional (TC), la fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, existen otros organismos vinculados menos directamente, como la contraloría General. Concretamente, quienes acompañaron a Boluarte en la cita de ayer fueron los titulares del PJ, el TC, la fiscalía, la JNJ, la contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
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La convocatoria a esta reunión ha sido sin duda una buena noticia, aunque esta vez no se haya llegado a emitir algún pronunciamiento. Por un lado, porque los escándalos de corrupción vinculados con el sistema de justicia de los últimos años han hecho evidente la urgencia de una reforma. Pero además y, sobre todo, porque para que cualquier reforma pueda tener éxito, es imprescindible que los cambios sean pensados con una mirada de largo plazo y que implique un mínimo consenso entre varios sectores. No solo políticos, sino técnicos e interinstitucionales, como lo hizo en su momento la CERIAJUS.
En ese sentido, esta vía es mejor que la planteada hace poco por un grupo de congresistas, quienes buscaban que la reforma sea trabajada solo desde una comisión multipartidaria del Congreso. Incluso, esa primera iniciativa había generado ya un choque entre el Poder Legislativo y el Judicial, luego de que el presidente de este último, Javier Arévalo, expresara su rechazo y preocupación por la propuesta.
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Las fallas de nuestro sistema de justicia se vinculan estrechamente con varios de los principales problemas del país, como la inseguridad (la corrupción impide que la justicia sancione a quienes deberían ser sancionados), la impredictibilidad (que, a su vez, encarece el costo de invertir), o incluso la falta de estabilidad política (pues normalmente deberían ser las cortes las que resuelvan cualquier disputa sin sesgos políticos). Es por ello que reformarla con inteligencia y pensando en el futuro es hoy un reto tan importante.
El Perú necesita una justicia moderna, profesional y separada del poder político. En cualquier país desarrollado, la carrera fiscal o judicial debería ser tanto o más atractiva para los jóvenes abogados más talentosos que trabajar en el sector privado, como ocurre en Estados Unidos y en Brasil. Hacia eso debemos apuntar.