El supuesto motivo por el que este Congreso postergó finalmente la propuesta de adelantar las elecciones generales –apoyada por el 80% de la ciudadanía– fue para aprovechar el período hasta 2026 con el objetivo de debatir y aprobar una agenda de reformas urgentes en distintos sectores. Por ejemplo, una reforma electoral integral (que considere los proyectos de Código Electoral elaborados por los organismos electorales), una reforma laboral y tributaria que reduzca la informalidad y amplíe la base tributaria (ver entrevista con el jefe de la Sunat en las páginas 2 y 3), o la priorización de los proyectos técnicos que remita el Ejecutivo, dirigidos a combatir males como el narcotráfico y la minería ilegal, destrabar proyectos y ejecutar obras.
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Sin embargo, lejos de cumplir con esa expectativa, lo que continuamos viendo ha sido una agenda parlamentaria concentrada principalmente tres tipos de asuntos: i) propuestas populistas irrelevantes o incluso perjudiciales (con opiniones técnicas contrarias de los especialistas y organismos vinculados, como la creación de nuevas universidades, o la liberación de los fondos de la AFP y CTS); ii) disputas políticas con otros poderes u organismos constitucionales autónomos (como la JNJ y el Poder Judicial) ; iii) e iniciativas que benefician a los propios congresistas (como aumentos salariales o la construcción del nuevo policlínico parlamentario).
Como destacó Gestión el martes en un informe, en solo un año este Congreso ha propuesto la creación de 40 universidades. Solo en mayo se han presentado 12. Varios de estos proyectos proponen directamente crear las universidades, no solo declarar de necesidad pública su creación, pese a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Todo esto, además, en un contexto en el que el Parlamento ha debilitado a la Sunedu, recortándole facultades y otorgándole casi la mitad de los sitios de su Consejo Directivo a las propias universidades. ¿Cómo se pretende asegurar la calidad de estos nuevos centros?
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Hace poco supimos que S/12 millones de los S/50 millones entregados en marzo al Congreso por el Gobierno como crédito suplementario fueron requeridos para aumentos salariales de su personal. Ello apenas meses después de que las remuneraciones de los trabajadores parlamentarios (no la de los congresistas) aumentaran en 15%. Y de que, en solo dos años y medio, se entregaran cuatro bonificaciones, la última de las cuáles incluyó a los congresistas.
¿Qué reformas urgentes y prioritarias se están trabajando en beneficio del país? Los ejemplos citados de propuestas populistas solo nos traerán problemas en el largo plazo. Y los de beneficios propios continúan enervando los ánimos de la ciudadanía y haciendo con ello cada vez más probable eventuales nuevas protestas o la elección de una alternativa electoral radical. ¿Para esto esperamos al 2026?
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