La inseguridad ciudadana, el difícil contexto económico y la crisis política en la que llevamos inmersos hace algunos años –observable en hechos como la históricamente baja aprobación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la caída en la confianza en las instituciones públicas y privadas más importantes del país, o el interminable ciclo de escándalos políticos–, han relegado totalmente de la agenda la adopción de varias reformas urgentes. Paradójicamente, sin embargo, mientras estas se sigan postergando será más difícil que superemos todos esos problemas.
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Hasta poco antes de que Pedro Castillo entre al poder, era casi un consenso entre especialistas, con el que además concordaban varios sectores políticos, que era urgente impulsar una reforma de la Policía Nacional del Perú. Una que, entre otros aspectos, apunte a recuperar la confianza de la población en los agentes, depure a los malos elementos (sobre todo de los cargos directivos) y empodere a los policías que sí hacen bien su trabajo. Hoy, sin embargo, lo que tenemos es un ministro del Interior que viene utilizando su cargo políticamente, haciéndose de la vista gorda ante cualquier crítica y, en la práctica, permitiendo que se mine aún más la confianza en la Policía.
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Al margen del Congreso 2016-2019, que al menos intentó impulsar un proyecto de reforma política trabajado durante más de un año y para el que se consultó a distintos especialistas (aunque al final no prosperó), ¿Qué proyecto integral de reforma política que implique varios cambios al sistema ha trabajado o viene trabajando el Parlamento actual?
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Hasta el momento, los únicos cambios que se han aprobado han sido cambios aislados (como la bicameralidad), poco meditados (como la eliminación de las elecciones primarias obligatorias sin idear otro mecanismo que sirva de filtro para evitar tener más de 40 partidos en la elección general), o modificaciones a asuntos menores. Lo que se necesita, sin embargo, es una reforma integral meditada que haga varios ajustes en la ley y la Constitución, que cuente con el respaldo de un grupo amplio de expertos, y que apunte a mejorar aspectos como la institucionalidad de los partidos políticos, o a reducir la fragmentación electoral.
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La reforma del sistema de justicia –que debería implicar, entre otras cosas, la digitalización total de sus procedimientos como regla general, elevar los estándares de transparencia y mejorar el acceso a la justicia– también ha quedado relegada. Ni el Congreso ni el Gobierno parecen tenerla ya en agenda.
En tiempos complicados, es fácil que la agenda termine postergando el debate de reformas estructurales en temas como los antes mencionados. Pero si esto ocurre, será por lo mismo más difícil que algún día salgamos realmente de la crisis.
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