Investigadora de European University Institute
Recuerdo que el momento en el que decidí que mi investigación doctoral sería sobre el caso Lava Jato fue cuando entendí que la gran corrupción nunca es solo sobre dinero. En el fondo, siempre es una pugna por poder e influencia. La nueva ley sobre la colaboración eficaz en el Perú revela precisamente esto: la desnaturalización de esta figura penal a fin de preservar la impunidad en nuestro país. Luchar contra ella siempre será una labor titánica. Desentrañar redes criminales de corrupción como el caso Fujimori-Montesinos, Los Cuellos Blancos del Puerto o Lava Jato debe responder a tres principios: el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación.
Lamentablemente, muchos de los eventos claves de la política peruana han estado vinculados con la figura de los colaboradores eficaces. No existe peruano que no haya visto algún ‘vladivideo’ o haya escuchado los ‘codinomes’ y la Caja Dos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El caso Fujimori-Montesinos supuso la repatriación de millones de dólares del extranjero y el enjuiciamiento de cientos de personas gracias a varios delatores, siendo una de las principales, Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria y mano derecha de Vladimiro Montesinos.
Sin embargo, el colaborador eficaz que terminó de remecer la política peruana de manera solo comparable al escándalo italiano ‘Manos Limpias’ fue Jorge Barata, representante de Odebrecht en nuestro país. La empresa asignaba a cada implicado un sobrenombre para ocultar su identidad en un sistema secreto llamado Drousys. El destape de la red transnacional de corrupción de Lava Jato, denominado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el caso más grande de soborno internacional de la historia, no hubiese sido posible sin la información y testimonios de los exfuncionarios brasileños.
Sin embargo, los delatores no son héroes ni mucho menos. Estas personas formaron parte de una red de crimen organizado y proporcionan información verificable, oportuna y voluntaria sobre dicha organización criminal a cambio de algún beneficio que puede incluir la exoneración, remisión o disminución de la pena. Este mecanismo del derecho penal es un mal necesario que busca incentivar la obtención de información que sería difícil o imposible de conseguir de otra manera.
Esta figura también permite acortar significativamente los plazos de investigación, además de iniciar y acelerar los procesos de repatriación de activos. Esto es de vital importancia para el Perú dada la carga procesal existente. Los plazos contemplados en la nueva ley son para un sistema de justicia que no existe. Cualquiera que haya pisado un juzgado lo sabe bien. El Ministerio Público tiene una brecha presupuestal del 69%. Esto significa que el dinero otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas solo cubre el 31% del costo total operativo anual. Esto sumado a que el presupuesto actual es 4% menor al del 2022, pese a la existencia de varios casos de crimen organizado en paralelo.
Como nos demuestra el caso Lava Jato y otros similares, el volumen de personas involucradas, los múltiples países a los cuales se les solicita información en América Latina y Europa, seguir el rastro de cuentas extranjeras, levantar el secreto bancario, así como rastrear el flujo del dinero y la estructura de la organización, en menos de 16 meses según lo estipulado por la nueva ley sería deseable para la justicia, pero imposible bajo las condiciones actuales del Perú. Sobrecargar a la Fiscalía y a los fiscales titulares que, con frecuencia, llevan varios casos con decenas de investigados en paralelo, de manera que los testimonios solo puedan ser rendidos ante ellos, es otra forma encubierta de manipular el sistema.
Pero el Perú es un país donde el conflicto de interés es pan de cada día. De los 84 congresistas que votaron a favor de esta nueva ley, 33 de ellos están involucrados en investigaciones fiscales (Cadenas, 2023). Al cierre de esta columna, la presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no se han pronunciado al respecto. El ministro de Justicia declaró que se pronunciaría cuando tenga el informe técnico. Les recordamos que de no ser observada esta ley hasta el 24 de julio, se ponen en peligro 54 procesos de colaboración eficaz del caso Lava Jato y 18 procesos relacionados al expresidente Pedro Castillo, así como los casos Fujimori-Montesinos y Los Cuellos Blancos del Puerto. Pasar de la inmunidad como regla hacia la impunidad tomó varias décadas en Perú. Los casos emblemáticos de redes de gran corrupción demuestran que los políticos del más alto nivel pueden (y deben) ser procesados y sentenciados de ser hallados culpables. Proteger los alcances de la colaboración eficaz es vital para defender los intereses de todos los peruanos.
