Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Los indicadores de desempeño económico no dejan duda del contexto delicado que vive el país, caracterizado por un pulso débil de los indicadores de actividad y una fiebre inflacionaria que está demorando en bajar a temperaturas normales. Aunque si bien después de la desastrosa experiencia que significó el indigerible Gobierno del golpista Castillo, las expectativas de inversión han mejorado marginalmente, estas están muy lejos de considerarse estabilizadas como para asegurar una salida de la crisis actual. Esto viene trayendo un clima de hipersensibilidad de la inversión privada ante las malas noticias y más aún si estas son generadas por decisiones del Gobierno.
Siendo así, este deberá ser consciente que su principal labor consistirá en brindar señales coherentes e indubitables de un compromiso serio con la reactivación. No solo las palabras contarán. No solo bastarán las acciones del excelente programa Con Punche Perú que impulsa el MEF. Además, será clave ser coherente ante cualquier decisión en el ámbito de la competitividad, respeto a la inversión privada, políticas de gasto y política tributaria. Ninguna de estas debiera interpretarse que va en sentido contrario a la urgencia de crecer.
La situación no está para juegos. No solo es preocupante el desempeño que muestran los recientes datos oficiales e indicadores adelantados, sino las condiciones bajo las cuales los agentes económicos deberán tomar decisiones en los próximos meses. Cuatro aspectos resaltan a la vista. Por un lado, la presencia de un Ejecutivo débil desde sus más profundas raíces, al nacer con una bajísima aprobación desde que se constituyó a finales de diciembre del 2022. Si a esto se le suma el hecho de que no cuenta con el apoyo de una base partidaria en el Congreso, queda claro que cualquier decisión que este quiera tomar, terminará quedando a merced del chantaje de los legisladores, ante un Legislativo altamente fragmentado.
Relacionado a lo anterior, un segundo aspecto tiene que ver con el alto nivel de populismo que viene envolviendo a las decisiones en el Congreso de la República. Si fuera solo un tema de aprobar nuevos feriados nacionales –como manifiesta la última de sus grandes innovaciones–, bueno y pase. No obstante, su nivel de infligir daño a la economía tiene verdaderos hitos que le han venido significando al país serios daños a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento a largo plazo. La aprobación de varios retiros de los fondos de pensiones, por ejemplo, se ha constituido en un ícono de la irresponsabilidad que amenaza con volver a aprobarse en cualquier momento y ante el menor pretexto. Siendo así, las decisiones económicas deben enfrentarse a un marco político que se resume en niveles de aprobación minúsculos de ambos poderes del Estado: en torno al 20% en el caso del Ejecutivo y por debajo del 10% en el caso del Congreso.
Se necesita una gestión coherente de la política fiscal con el crecimiento, dejando de lado señales restrictivas
En tercer lugar, en el ámbito externo, las cosas no se presentan para nada auspiciosas. Si bien se ha ido disipando las dificultades generadas por las restricciones en la cadena global de valor que ha estado detrás de la creciente senda inflacionaria en el mundo el año pasado, hoy las economías empiezan a ralentizarse ante los diferentes menú de ajustes de política monetaria y fiscal que los países tuvieron que poner sobre la mesa. Esto afecta directamente a la tracción de corto plazo de nuestro sector exportador que podría terminar reduciendo su contribución al crecimiento del PBI por debajo de lo esperado. La demanda asiática, particularmente la que se genera producto de la debilidad de la actividad económica en China, amerita particular atención.
Finalmente, la llegada inminente del fenómeno de El Niño (FEN) se plantea como una terrible amenaza que puede terminar comprometiendo ya no solo el crecimiento económico de este año sino del siguiente. Así, son apreciables los esfuerzos denodados del Gobierno por tratar de empujar el trabajo de las diferentes entidades a nivel central y descentralizado para acelerar las obras de prevención. Sin embargo, lo cierto es también que el reto tiene una pendiente altamente elevada como consecuencia de no haber avanzado con las soluciones integrales después de los daños que trajo el FEN del 2017. Simplemente con la presencia de un FEN moderado, los golpes económicos serán duros.
Ante un mar incierto y turbulento como el que se ha descrito, el Gobierno deberá ser sumamente cuidadoso en desplegar sus acciones de política. Dos líneas que ayudarían a reforzar las señales positivas van, por un lado, en asegurar el compromiso de la gran inversión privada en el país, como en el sector minero, que ayude tanto al corto como largo plazo. La segunda, debería estar asentada en una gestión coherente de la política fiscal con el crecimiento, dejando de lado señales restrictivas. Habría que tener cuidado con generar olas innecesarias cuando el mar está movido.
