Prudencia fiscal: Sin cuerdas separadas

17/07/2023 05H30

¿Baja de calificación crediticia a la vista? La probabilidad es “moderada”, advirtió S&P en entrevista con Gestión, pero su efecto, por supuesto, sería tangible: un mayor costo de financiamiento para el Perú y sus empresas, y una mala señal para los inversionistas globales sobre el Perú, modelo de otros tiempos. Destaco lo dicho por el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla, quien comentó al día siguiente la advertencia: “Strictu sensu, la calificación crediticia de un país mide su capacidad de pago”, deuda y déficit fiscal, y no factores políticos e institucionales. Pero no es el caso del Perú, apuntó con razón.

De hecho, nuestra fortaleza fiscal —que las agencias calificadoras destacan— no fue aplacada ni en la pandemia ni en el Gobierno de Pedro Castillo. Es cierto que la deuda pública superó el 35% del PBI (el tope era de 30%), pero era lógico frente a la parálisis económica y la emergencia. Luego caímos en un escenario que lamentablemente se ha hecho frecuente: un MEF técnico, pero que no siempre se pone fuerte ante los caprichos presidenciales y cuya cautelosa labor fiscal se ve mellada por las iniciativas populistas del Congreso. S&P va en esa línea: “Estamos mirando medidas que aseguren algo más de gobernabilidad hacia adelante”, dijo su vocera, Constanza Pérez Aquino.

En los días de Castillo, el Consejo Fiscal apuntó a dos potenciales desequilibrios: la devolución del Fonavi y el pago a los docentes por preparación de clases, cada una valorizada en S/42 mil millones o cuatro puntos del PBI. El primero avanzó y mantiene el apoyo fervoroso de los congresistas, que aprobaron un primer pago parcial e incluyeron —por si fuera poco— a los herederos de los contribuyentes fallecidos. El segundo recayó en un bono social retroactivo, que los ministros de esta era empujan contentos, con S/30 mil como tope para los docentes, sin una clara trazabilidad de la “preparación” por la que cobrarían.

Ejecutivo y Legislativo se empeñan en amenazar el orden fiscal y, aunque los desembolsos pueden ser prorrateados —y, con ello, acotados sus efectos—, mantienen una incertidumbre sobre la injerencia política sobre el fisco, ceñida a populismos e intereses de corto plazo. Kelli Bissett-Tom, de Fitch Rating, lo resumió antes así: “Mayor predictibilidad también de presupuesto y credibilidad de la senda fiscal es igual de importante para nosotros”. No basta con la foto del momento. No hay reformas y sí, una economía que continúa “erosionándose”, como destaca S&P.

También hay contrarreformas. Los congresistas se saltan las opiniones técnicas y hasta la Constitución, que establece que “no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos”. Lo hacen contra el sistema previsional, donde insisten con un nuevo retiro, y cuyo debilitamiento —como dice Castilla— golpea al financiamiento de las empresas y el país, y deja más jubilados futuros sin pensión. Lo hacen contra el mercado laboral formal, al que pretenden restarle horas laborables, mientras lo recargan de feriados y le restringen más los despidos. ¿Y cuáles son las reformas urgentes que menciona primero S&P? La laboral y la previsional, nada menos. Vaya contrasentido.