Deseos para el año nuevo de un país mejor

Hace 25 semanas llegué a Gestión y ha sido un medio año tremendamente incierto para el país. Transformo lo escrito aquí, en 25 semanas de columnas, en un wishlist inverso, de lo que espero —y ruego— que no se repita en el Perú en este 2023 (y, acaso si es posible, en los próximos años):

1. La designación como autoridades de incapaces y corruptos allegados a un presidente o al partido que lo llevó al poder, en un copamiento que congela y debilita instituciones claves para la inversión.

2. El estancamiento de la inversión privada en un 0% de avance anual, como señal de la paralización de las decisiones y los proyectos empresariales, que dan empleo formal y digno a los ciudadanos.

3. La extensión de un discurso amañado en el que la empresa y la prensa son los enemigos del progreso social, y los culpables de la desigualdad histórica y las ineficiencias del gobierno de turno.

4. La amenaza a la empresa con una agenda laboral draconiana que no se conversa, que busca la estabilidad absoluta del trabajador y es contraproducente para la lucha contra la informalidad.

5. El populismo legislativo, sin análisis de impacto económico y regulatorio, que afecta a sectores empresariales, y se traslada a consumidores y ciudadanos a los que sus autores dicen proteger.

6. Un MEF que solo garantice lo indispensable, ceda a algunos populismos y plantee un discurso en pro de la inversión privada que ignora un entorno que hace imposible la confianza empresarial.

No es una lista imposible, su base en la coyuntura reciente hace que la propuesta de su destierro no sea descabellada”.

7. La irresponsabilidad fiscal de medidas paternalistas —devoluciones de Fonavi o bonificaciones injustificadas a los docentes—, más en un contexto de magro crecimiento y baja recaudación.

8. El azuzamiento de las autoridades contra actividades fundamentales para la economía, como la minería, con anuncios criminalizadores y sin base técnica que afectan su estabilidad jurídica.

9. La asignación de US$2,250 millones para salvar una empresa estatal presuntamente estratégica, tras un faenón de corrupción, como un golpe bajo a las necesidades más básicas de los peruanos.

10. La diversificación de las inversiones hacia el extranjero, como respuesta al deterioro del entorno de negocios, al debilitamiento institucional y a regulaciones marcadas con un sesgo antiempresarial.

11. Una convulsión social con 27 muertos, paralización económica, daños a la infraestructura pública y privada, y a la imagen del Perú como destino de inversión, y más de S/1,000 millones de pérdidas.

12. La ignorancia de que la preservación del modelo económico solo es posible con una reforma política, que fortalezca el marco institucional y de políticas públicas que requieren los negocios.

No es una lista imposible, más cuando son deseos —diría— interdependientes y concatenados. Su base en la coyuntura reciente hace que la propuesta de su destierro no sea descabellada: son hechos e irresponsabilidades que podemos evitar, más si partimos del último punto. Ojalá así sea.