¿Cómo esperar que el puerto de Chancay se convierta en un hub si la institucionalidad es tan endeble?

Para que un país crezca y se genere riqueza, es indispensable atraer inversión privada. Esta se puede incrementar de manera exponencial cuando un país cuenta con recursos naturales, ciudadanos capacitados, atractivos turísticos o un clima favorable, entre otras ventajas. Sin embargo, aún más importante es tener una institucionalidad sólida, un buen ambiente de negocios, normas transparentes, respeto por los contratos y predictibilidad en la administración de justicia.

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Puesto de otra forma, un país puede tener las mayores reservas de oro, cobre, litio y gas; contar con atractivos turísticos milenarios combinados con la mejor cocina del mundo; y poseer las mejores condiciones para producir paltas, arándanos, uvas y otros frutos maravillosos. Sin embargo, si no hay seguridad jurídica y estabilidad política, quedaremos atrapados en la mediocridad, conformándonos con poco, y la recuperación de los niveles de pobreza será lenta. Basta con observar lo sucedido en Venezuela en las últimas dos décadas para entender que, sin institucionalidad y respeto por el Estado de derecho, la inversión privada no reaccionará.

Así, será difícil soñar con ser un país desarrollado que atraiga a gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Nvidia, BYD, Apple, Tesla, Toyota e Intel, así como a grandes farmacéuticas y centros de datos para que inviertan su capital en el Perú. El asunto es claro: sin seguridad jurídica, los inversionistas no vendrán. ¿Cómo podemos esperar que el megapuerto de Chancay se convierta realmente en un hub logístico si la institucionalidad es tan endeble? ¿Qué podemos esperar de un viaje tan importante y exitoso a China si los inversionistas no tienen garantías en el largo plazo?

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Por tanto, la seguridad jurídica es un elemento fundamental para generar prosperidad y bienestar en el largo plazo. No es raro ver cómo en el Perú se crean casos legales basados en trampas legales, medias verdades y desinformación, generando inestabilidad y dudas en los inversionistas. Así, el empresario que apueste por el Perú no debería poner en riesgo su capital y el trabajo de millones de familias que dependen de la inversión. En ese sentido, al invertir en el Perú, no debemos enfrentar la maldición gitana que dice: “Ten mil juicios... y gánalos todos”.

Por todo ello, debemos trabajar arduamente para fortalecer nuestra institucionalidad y generar las condiciones adecuadas para que venga la mayor cantidad de inversión de calidad y así poder sacar el mejor provecho de todas las cosas buenas con las que este país ha sido bendecido. En un mundo globalizado, el Perú debe de ser reconocido como un país que no sólo tiene cuentas nacionales ordenadas, sino también por ser un país donde el estado de derecho y el respeto irrestricto de las leyes es un elemento sine qua non de la economía social de mercado. Esta es una tarea de todos los peruanos.