Economista
A medida que el círculo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación se cierra más alrededor de Pedro Castillo, este reacciona con más convocatorias a los más diversos grupos, a los que los que engatusa con el cuento que necesita su apoyo para enfrentar a la conspiración que la Fiscalía, la gran prensa y los empresarios han urdido contra él. Es que además de ya estar arrestada la hija/ cuñada de Pedro Castillo, la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva para Yenifer Paredes; y a su cuñado ahora se le vincula con una obra millonaria en Tacabamba, habiéndose descubierto que transportaba a empleados de una empresa que ganó la buena pro de un proyecto de S/ 30,9 millones.
Además, Perú 21 difundió una información que Castillo uso los helicópteros del EP los fines de semana para visitas personales. Y como el profesor no puede controlar/influenciar las investigaciones que realiza la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se desespera aún más y cree que puede movilizar grandes masas que lo defenderían. Lo cual no pasa de ser una ilusión que se contradice con los bajos niveles de aprobación presidencial, aunque sí existen grupos con antecedentes violentistas que sí podrían acudir a su llamado, como los ronderos, los etnocaceristas, algunos licenciados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), etc. Además, como Vladimir Cerrón ya lo explicara públicamente, el oficialismo puede tener el Gobierno, pero no el poder. Y para lograrlo el primer requisito es la neutralización de las FF.AA., lo que no han conseguido. Y para muestra dos hechos: el Comando Conjunto de las FF.AA. y Fuerzas Policiales (FF.PP.) hace pocos días ratificó por escrito su “compromiso de continuar haciendo frente de manera decidida a cualquier amenaza que ponga en peligro la paz y la integridad de nuestra Nación”.
El segundo hecho es la Operación Patriota en el VRAEM (el más grande operativo de la historia), que sería una respuesta de las FF.AA. y FF.PP. por las ofensas recibidas del oficialismo, que evidencia su vocación antiterrorista. Este operativo no habría sido informado al ministro de Defensa Gaviria, razón por la cual habría sido retirado del cargo.
Muy difícilmente el oficialismo podría lograr una convocatoria multitudinaria para respaldar a Castillo y demandar el cierre del Congreso. Y en el hipotético caso que lo consiguieran, las FF.AA. y FF.PP defenderían el ordenamiento legal constituido.
Si por el lado político no se aprecian caminos viables para sacar a Castillo de Palacio, la salida pudiera venir de la vertiente económica. Ya sabemos que lo más probable es que la inversión privada (el principal motor del crecimiento sostenido y de la generación de empleo) tendrá un crecimiento negativo este año y el próximo; el consumo está decayendo, las proyecciones de crecimiento están reajustándose hacia abajo; tenemos un entorno externo que no es precisamente favorable. Asimismo, todo parece indicar que las presiones para lograr una expansión fiscal que impulse las candidaturas oficialistas en las elecciones regionales y locales tendrían acogida con el nuevo ministro de Economía. Lo que elevaría aún más las preocupaciones de las calificadoras de crédito, que ya han evidenciado su preocupación acerca de cómo la muy prolongada crisis política afecta las deterioradas expectativas económicas. Ello ha sido advertido en el último reporte de Fitch Ratings sobre los indicadores de crédito corporativo.
El pronunciado deterioro de los servicios públicos, la inflación que no cede, la devaluación y sus efectos sobre la canasta familiar, la impaciencia por la incontrolable corrupción y la creciente delincuencia, constituyen una mezcla que en algún momento puede llevar a un estallido social de proporciones tales que obligue a Castillo, o al Congreso, a un cambio presidencial.