CEO de Mall Aventura: “La colaboración público-privada es clave para enfrentar la inseguridad”

La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para el desarrollo y la inversión en nuestro país. En el Perú, a pesar de los avances económicos significativos de las últimas décadas, la seguridad sigue siendo una preocupación latente, que afecta tanto a ciudadanos como a inversionistas. Es crucial abordar este tema desde una perspectiva de mejora de la calidad de vida, ya que impacta no solo en la percepción de los ciudadanos, sino también en la economía.

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La inseguridad no es solo una cuestión de percepción: tiene impactos reales y tangibles en la economía. Las empresas enfrentan mayores costos operativos, debido a la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales. Los consumidores, por su parte, pueden verse desalentados a visitar ciertos lugares, afectando directamente al comercio y la vida urbana. Un estudio realizado por Ipsos sobre el consumidor reveló que el 55% de peruanos evitan salir a comprar de noche por razones de seguridad. En este contexto, es imperativo que el sector privado y el Estado colaboren estrechamente para crear un entorno más seguro y propicio para la inversión.

Desde nuestra posición, hemos tomado iniciativas significativas para que esa misma seguridad se refleje en las inmediaciones de nuestras sedes a nivel nacional. Para ello, hemos implementado un sistema de seguridad que incluye cámaras de vigilancia, personal de seguridad capacitado, patrullaje en vehículos personales eléctricos, mejora sustancial de la iluminación de la vía pública y sistemas de alerta. Incluso, hemos implementado transporte de clientes en buses de acercamiento a los centros comerciales.

Estos esfuerzos también han tenido un impacto positivo en las áreas circundantes, creando un entorno más seguro, ya que entendemos que la seguridad es un factor determinante para atraer visitantes, y garantizar una experiencia de compra agradable y segura. Sin embargo, estos esfuerzos serán insuficientes si no se complementan con un compromiso activo por parte del Estado en su conjunto.

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Para que estas iniciativas sean sostenibles y escalables, es crucial el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Esto implica una mejora en la capacitación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como una reforma en el sistema judicial que asegure una adecuada sanción a los delitos. Además, es vital promover programas de prevención del delito, que involucren a la comunidad y fomenten una cultura de paz y de respeto.

El sector privado está dispuesto a seguir invirtiendo en seguridad, pero necesitamos un marco normativo que lo facilite. La colaboración público-privada es clave para enfrentar la inseguridad, y es necesario que las autoridades reconozcan el papel fundamental que las empresas desempeñan en este aspecto. La seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional. Los centros comerciales, como puntos de encuentro y motores de la economía local, son un claro ejemplo de cómo este factor influye en el dinamismo económico.

Es momento de que el Estado y el sector privado redoblen esfuerzos para construir un entorno más seguro. Esto no solo beneficiará a las empresas y a los consumidores, sino que también contribuirá al desarrollo sostenido del país. La seguridad no es un gasto, es una inversión en el futuro de nuestra nación. Con un compromiso firme y una visión conjunta, podemos crear las condiciones necesarias para que el Perú siga siendo un destino atractivo para las inversiones de empresas locales, pequeños emprendedores y compañías trasnacionales.

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En conclusión, la seguridad ciudadana es un desafío que requiere la participación activa de todos los actores de la sociedad. Desde nuestro frente continuaremos implementando medidas en nuestros espacios, pero es imprescindible que el Estado refuerce su rol y facilite un entorno propicio para estas iniciativas. Solo así podremos asegurar un futuro próspero y seguro para todos los peruanos.