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1. Hace tiempo que sabemos que Petroperú está sobreendeudada debido a la construcción de la nueva refinería de Talara, y que cualquier estornudo podría convertirse en pulmonía. Este proyecto, 94% del cual se financió con deuda, nunca debió ser construido. La ausencia de un análisis costo-beneficio adecuado llevó a ejecutar un proyecto que terminó destruyendo casi todo el valor patrimonial de Petroperú.
2. Hace tres años, hicimos pública la necesidad de capitalizar la empresa y de mejorar su gobernanza corporativa. Para permitir el ingreso de la requerida inversión y gestión privada, se necesitaba primero de un aporte público, que estimamos en US$ 1,500 millones. Una empresa de capital mixto, con reglas claras de gobernanza, generaría mucho más valor a los peruanos que una empresa estatal, “sin dueño”, sujeta a enormes riesgos e incentivos perversos.
3. Desgraciadamente, el MEF no entendió lo que estaba en juego; prefirió seguir la política del avestruz y condenó la empresa a la vulnerabilidad financiera. Parecía creer que las empresas públicas no están sujetas a las restricciones del mundo de las finanzas. Pensó que el dueño no era el encargado de enfrentar el problema de sobreendeudamiento, que la administración (mágicamente) lo resolvería. A pesar de esto, hasta agosto de 2021, la administración siguió enfrentando los enormes retos y problemas de Petroperú; siguió nadando, tratando de llegar a la playa (a iniciar la operación de la refinería y servir su gigantesca deuda con el esperado margen de refino).
4. Pero en vez de llegar a la playa, llegó el gobierno de Castillo y una de las peores gestiones de la empresa. Al mando de Hugo Chávez, se descabezó a la gerencia, se destruyó la gobernanza corporativa y la transparencia que habíamos tratado de instaurar, pero, además, se llevó a la empresa al borde del colapso financiero. En vez de aprovechar una coyuntura de mercado extraordinaria para fortalecer financieramente a Petroperú, los escándalos asociados a posibles actos de corrupción y las decisiones equivocadas llevaron a que la empresa perdiese su grado de inversión y que los bancos le cerrasen el acceso al crédito.
5. Los responsables de este descalabro se jactaban de haber ganado participación de mercado y generado grandes utilidades. Sin embargo, estas provinieron de ganancias por el ajuste del tipo de cambio durante el último trimestre del 2021 y el primer trimestre de este año. Si estas se restan directamente de los resultados reportados, se concluiría que la utilidad neta explicada por la gestión de la empresa durante estos seis meses fue negativa. De hecho, el margen comercial de Petroperú fue de menos US$ 109 millones en el primer trimestre del 2022. Si vendía por debajo del costo, ¿cómo no iba a aumentar su participación de mercado?
“Fitch Ratings, redujó nuevamente el rating crediticio de la empresa”.
6. En medio de este desastre, en abril de este año, se nombró a un nuevo directorio y una nueva gerencia. La nueva administración, a pesar de haber tomado una serie de decisiones acertadas, no comprendió la magnitud de la crisis que había heredado. En mayo pidió un préstamo de corto plazo de US$ 750 millones, cuando lo que necesitaba era capital y bastante más liquidez.
7. Así lo entendió Fitch Ratings, que en setiembre de este año redujo nuevamente el rating crediticio de la empresa, debido a su sobreendeudamiento, inadecuada liquidez y el insuficiente apoyo gubernamental. El anuncio de Fitch –y la inacción del Estado– contribuyeron a empeorar la iliquidez de la empresa, llevándola a una situación límite.
8. Sería trágico que el MEF repita la historia del 2019-20 al obviar su rol como accionista. No es una situación cómoda, pero es la que le toca enfrentar al ministro Burneo. Él representa al dueño (todos nosotros) y, hoy, el dueño tiene que actuar, al menos que quiera que la empresa termine en Indecopi o que le ejecuten tempranamente los bonos, creándose así un problema fiscal de gran magnitud.
9. Pero no todo es sombrío. En la actualidad, el “crack spread” (margen de refinar) es altísimo, más de US$ 10 adicionales por barril que el previsto, lo cual implica cerca de US$ 1 millón diarios de ganancias no anticipadas en Talara. Aunque se trata de un fenómeno transitorio, ayudará a la empresa a afrontar sus deudas y a reconstruir su capital de trabajo. En este contexto, el MEF debe capitalizar los US$ 750 millones que ya le otorgó a Petroperú y darle otros US$ 750 millones en una facilidad de liquidez temporal para permitir que la empresa llegue a la orilla, empiece a refinar, y que la inversión que los peruanos hemos comprometido en Talara no se pierda.
10.Sin duda, la agenda pendiente en la empresa es mucho más grande y compleja que solo resolver el problema financiero que hoy enfrenta. La reciente denuncia constitucional al presidente Castillo por presuntos delitos relacionados a la gestión de Petroperú, así lo demuestra. Pero para atender esta agenda, primero hay que resolver el problema financiero de corto plazo.
