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En su portal institucional, la Contraloría General de la República (CGR) nos dice que desde el 2020 “viene estimando la afectación patrimonial generada al Estado como consecuencia de la corrupción en la gestión pública”. Y agrega que “para el 2022, el perjuicio estimado ascendió a S/ 24,419 millones, equivalente al 13.4% del total del gasto total consolidado del Estado peruano, equivalente al 2.6% del PBI nominal del 2022 y equivalente también al 64.1% de la inversión pública del año pasado.
Con gran talento didáctico, la CGR nos dice—como para que no se nos olvide– que “de cada S/ 100, se pierden S/ 13.4 por corrupción”. Y con todavía mayor talento dramático, agrega que con los recursos de dicha pérdida “podría haberse cubierto dos veces la brecha de pobreza monetaria del 2022, estimada en S/ 11,512 millones”. Pero, ¿cuán confiable, creíble y útil son estos “estimados”? Con datos de la propia CGR, a los que hemos añadido información procedente del BCRP y del INEI —dos fuentes oficiales libres de cualquier sospecha—, hemos construido el cuadro que acompaña esta columna.
Noten lo que las cifras de perjuicio económico de la corrupción de la CGR significan si las comparamos –en términos relativos– con el total anual de inversión pública, según reporta el BCRP: en promedio, ¡el 64.3% del total! Aquí algo anda mal. Como mínimo: una confusión de conceptos relacionados con el costo de la corrupción.
Ciertamente, no resulta fácil medir ni la corrupción ni sus consecuencias, por lo que —en general— las estadísticas acerca del costo de la corrupción deben ser tomadas con una alta dosis de suspicacia (vean, por ejemplo, “The Credibility of Corruption Statistics: A critical review of ten global estimates”, U4 Anti-corruption Resource Center, Issue 2021:4). En parte, esto se debe a la naturaleza clandestina de la corrupción.
Pero, además, existen otros factores tales como la propensión a usar “guesstimates”, es decir “estimados”, extrapolaciones o cálculos que son más producto de la capacidad para “adivinar informadamente” que de un verdadero análisis de datos fidedignos y confiables; y, por otro lado, la suspensión de suspicacia que nos produce el que un cierto dato, cálculo o guesstimate provenga de una institucion de gran reputación como podrían ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Precisamente, el artículo sobre la credibilidad de las estadísticas de corrupción que he citado líneas arriba, desbarata uno a uno las diez estadísticas acerca del costo de la corrupción a nivel global más mencionadas en artículos académicos y repetidas ad infinitum por todo tipo de autoridad económica y medio de comunicación.
Entre ellos, estadísticas relacionadas con el monto total de las coimas a nivel mundial (US$ 1 billón, en el sentido español del término, es decir, un millón de millones), los US$ 2.6 billones que supuestamente desaparecen o son robados de las arcas públicas cada año, los costos ocasionados por la corrupción a la economía global (un 5% del PBI mundial cada año), los aproximadamente 10% a 25% del gasto estatal en la compra de bienes y servicios que se pierden por corrupción o los entre 10% y 30% del valor de la infraestructura financiada con fondos públicos que se pierden por la corrupción, etc., etc., etc., ninguna de las cuales es considerada justa, apropiada y confiable por los autores del estudio: U4, un equipo de especialistas anticorrupción. Seis son consideradas “problemáticas” y cuatro “sin ninguna base”, es decir, inventadas. Lo mas interesante: los autores supuestos de propalar dichas “estadísticas”, entre ellos el Banco Mundial, Naciones Unidas, la OCDE, el PNUD, Transparencia internacional, el Global Financial Integrity, etc.
En el caso que nos concierne (“la afectación patrimonial generada al Estado como consecuencia de la corrupción en la gestión pública”), tengo la sospecha de que se confunde “costo de la corrupción” con la “magnitud de la corrupción”; el primero se refiere a la pérdida o al daño directo ocasionado al Estado y el segundo, al monto total “involucrado”. En una obra de S/ 100 millones, si el valor económico de la obra es S/ 80 millones, entonces el “daño” o costo de la corrupción es S/20 millones, mientras que la magnitud (el monto relacionado) es de S/ 100 millones.
Agradecería que la CGR aclarara este punto por cuanto los valores relativos en términos de porcentaje del total de la inversión pública no parecen verosímiles, aunque los porcentajes que resultan de comparar “las cifras de la corrupción” con el PBI nominal estén dentro de lo que se proclama internacionalmente (alrededor del 5%), porcentaje que —según U4, los autores del informe reseñado— “no tiene base alguna”.
