Escribe: Alejandro Deustua, internacionalista.
En la estela de una creciente inestabilidad occidental, la presidenta Dina Boluarte ha realizado una visita de Estado a China cuyos contenidos políticos no se conocen en plenitud. Según el reporte oficial ésta se focalizó en ampliar y fortalecer la relación bilateral así como en la promoción de inversiones, comercio y cooperación multisectorial. Si fuera así, ello pudo lograrse en una visita de trabajo ya realizada.
Resaltada por un frondoso protocolo y por una comitiva peruana extraordinaria (incluyó a cinco ministros y a los mayores gremios empresariales), la presidenta se entrevistó con el presidente Xi Jinping, con el primer ministro y con un alto funcionario de la Asamblea Popular Nacional. Lo menos que se puede inferir de tal puesta en escena es que una relación superior ha emergido superando la continuidad de la vinculación establecida.
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De otro lado, las visitas a Shenzhen y Shanghái habrían sido sólo una usual deriva promocional de no ser por las entrevistas con los directores de Cosco Shipping, China Minmetals Corp. y Huawei. Con el primero se afianzó una línea roja: la confirmación del compromiso de exclusividad de Cosco sobre el puerto de Chancay y su extendida proyección a su zona de influencia que formará parte de una Zona Económica Especial. Un emporio chino puede esperarse en el área. Y no sólo para reexportar productos ensamblados en el escenario del “nearshoring”.
Una segunda línea roja se transgredió con el compromiso de Huawei para formar a 20 mil peruanos en el sector tecnológico. Como se sabe, esa empresa es considerada en Occidente como un centro de tecnología avanzada de doble uso. En consecuencia, sus operaciones han sido limitadas o proscritas por nuestros socios occidentales por razones de seguridad. El principal hub logístico “inteligente” del Pacífico suramericano y nuestro desarrollo tecnológico tendría entonces características adversas a Occidente. Ese compromiso supera los límites de la prudencia.
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De otro lado, es evidente que el interés de los gremios empresariales en establecer vínculos de negocios, abrir mercados, lograr financiamiento o incorporarse a cadenas de valor es perfectamente legítimo. Especialmente si ello es convergente con el propósito de mejorar un acuerdo de libre comercio y normas de propiedad intelectual, fitosanitarias o aduaneras; con el requerimiento de fortalecer el crecimiento nacional o con la promoción de roles “conectores” entre regiones fragmentadas (FMI). Pero ello es bien distinto a la disposición de establecer enclaves con potencias divergentes cuyos efectos no son sólo privados o relaciones de prensa con medios no libres.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la inestabilidad creciente en los liderazgos de los mayores países de Occidente y la continua emergencia de nacionalismos en sus bloques no implica que una pequeña potencia deba atenuar antiguos y necesarios vínculos, que confunda diversificación de relaciones con desafectación de debilitados núcleos civilizacionales o con ejercicio racional de balance de poder en gran escala.
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